La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó a la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no agregar a la entidad al decreto por el cual se regularizan los autos ingresados al país de forma ilegal, conocidos como “autos chocolate”.
En conferencia de prensa para dar a conocer la colaboración entre el gobierno capitalino y el organismo, enfocada a promover el reemplacamiento vehicular en la ciudad, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, resaltó que “no podemos aspirar a convertir a nuestro país en el basurero automotriz de Estados Unidos”.
“Hago propicia la ocasión para pedir a la jefa de gobierno, que la Ciudad de México no se sume al reclamo de gobernadores que, en un punto de aparente beneficio social, le están requiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ser incluidos en los beneficios que promueve la regularización de vehículos usados”, sostuvo Rosales.
El miércoles de la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se hará efectiva la regularización de los “autos chocolate” en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
La AMDA calificó como “lamentable” y “sorpresivo” la publicación del decreto, ya que horas antes el organismo solicitó al Gobierno de México fueran escuchadas sus peticiones respecto a dicha regularización, que desde su perspectiva promueve “el contrabando automotriz”.
En el evento de esta mañana también estuvo presente Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente en la entidad, entre otros.
Rosales también refirió que, ya que CdMx contribuye con 16 por ciento de las ventas de vehículos nuevos a nivel nacional, se cumpla con “un pendiente de hace muchos años”, que es la reconstrucción del registro público vehicular, punto en donde “no se debe perder tiempo”, pues se tiene el objetivo en común de tener un mejor país.
“Es fundamental contar con un registro público vehicular que nos brinde confianza y seguridad, de que los datos constituidos en el registro son veraces, son oportunos y cumplirán el objetivo de brindar seguridad jurídica a todos aquellos con interés legítimo en la utilización y las operaciones relativas a un vehículo…Muy poco se puede lograr si los datos que se contienen en dicho registro no corresponden con la realidad”, aseveró.
MRA