Bruselas trazó el camino para que la Unión Europea se convierta en el primer bloque económico del mundo en alcanzar el cero neto en emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 en un intento por limitar el calentamiento global.
El enfoque de la Unión Europea para la gigantesca tarea de poner fin a la dependencia en los combustibles fósiles implica tres grandes palancas de políticas: una regulación más estricta y estándares de emisiones más estrictos para la industria, la fijación de un precio del carbono e impuestos a los que contaminan y normas para promover la inversión en tecnologías de bajas emisiones.
Bruselas espera que el bombardeo de medidas garantice que el bloque de 27 países pueda reducir el promedio de emisiones en 55 por ciento para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050.
La Unión Europea ya recortó emisiones en 24 por ciento respecto a los niveles de 1990, pero ahora fijará la mira en algunas fuentes más grandes, como centrales eléctricas, fábricas, automóviles, aviones, transporte marítimo y sistemas de calefacción. A continuación un desglose de las nuevas políticas.
Crédito de carbono
La pieza central de la apuesta de la Unión Europea para reducir las emisiones es una renovación del mercado de carbono del bloque, conocido como Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por su sigla en inglés).
El ETS exige que los grandes contaminadores industriales como las siderúrgicas y los productores de electricidad compren créditos de carbono para cubrir el costo de sus emisiones. Estos créditos operan en los mercados financieros y ayudaron a impulsar el costo de la contaminación hasta un máximo reciente de más de 55 euros por tonelada de carbono.
La Comisión Europea propone ampliar por primera vez el régimen para cubrir a la industria naviera. Además, eliminará poco a poco los créditos gratuitos de los que varios sectores se beneficiaron por mucho tiempo, entre ellos las compañías aéreas que tienen que pagar por las emisiones de los vuelos dentro de la Unión Europea.
La eliminación gradual termina en 2036, con los ETS diseñados para reducir las emisiones en el sistema en 61 por ciento durante la próxima década.
Entre las propuestas más polémicas se encuentra un plan para ampliar el sistema al transporte y los edificios, una reforma que algunos gobiernos del bloque creen que aumentará los costos de calefacción y gasolina de los consumidores que hoy no pueden permitirse el cambio a alternativas más verdes. Bruselas tiene el objetivo de amortiguar el golpe con una olla de 72 mil millones de euros para aliviar la pobreza energética.
Gravamen en la frontera
La Unión Europea planea convertirse en la primera gran potencia económica en imponer un gravamen a las importaciones en función de su huella de carbono.
El mecanismo de ajuste de carbono en la frontera (CBAM, por su sigla en inglés) es parte de un intento de prevenir la “fuga de carbono”, donde las empresas pueden trasladar sus operaciones a otras jurisdicciones para evitar estar sujetas a regulaciones ecológicas.
La industria exige el CBAM para garantizar que los competidores extranjeros afronten los mismos costos. Pero los intentos de imponer gravámenes en la frontera se han visto plagados de dificultades legales, incluido el cumplimiento de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
La herramienta se limitará primero a productos como acero, cemento, aluminio y fertilizantes, y se espera que los exportadores rusos y turcos sean los más afectados.
Bajo el sistema, las empresas tendrán que comprar créditos de carbono que reflejen los precios que paga la industria europea. La comisión indicó que el gravamen será solo para las extranjeras que se atengan a precios equivalentes a sus rivales europeos.
Ricos contra pobres
Los sectores empresariales que no están cubiertos por el mercado de carbono de la Unión Europea incluyen la agricultura, los residuos y algunas partes de la industria, y representan casi 60 por ciento del total de las emisiones nacionales de la Unión Europea. Estos estarán ahora sujetos a objetivos de emisiones vinculantes, establecidos en lo que se denomina el Reglamento de Esfuerzo Compartido.
La legislación establece objetivos nacionales para los 27 Estados miembros que traducen los objetivos de emisiones a su economía nacional en estos sectores.
Los objetivos nacionales se revisaron después de que la Unión Europea acordó acelerar la reducción de las emisiones de carbono de un objetivo de 40 a 55 por ciento para 2030.
Bruselas también modificó los criterios que determinan los objetivos de los Estados miembros, que se basan en su riqueza relativa. En el pasado, los países más pobres han tenido que hacer proporcionalmente menos que los más ricos, pero las economías occidentales pidieron una distribución más equitativa entre el bloque. Polonia, Lituania y Letonia estarán entre los países con los mayores desafíos.
Impuestos verdes
Bruselas tiene como objetivo aumentar los impuestos sobre el carbono de los combustibles sucios mediante la actualización de un libro de normas de 15 años de antigüedad, conocido como la Directiva sobre la Fiscalidad de la Energía.
La comisión quiere gravar el combustible de queroseno utilizado por las aerolíneas y los combustibles contaminantes en la industria del transporte marítimo por primera vez y cerrar las lagunas que le permiten a gobiernos de la Unión Europea dispensar a los combustibles fósiles.
La actualización de la directiva será la tarea política más difícil establecida por la comisión, ya que la política fiscal requiere el respaldo unánime de todos los países de la Unión Europea. Es probable que los Estados más pequeños como Grecia, Chipre y Malta se resistan a gravar el transporte marítimo, argumentando que ya resultaron afectados por la pandemia y tienen menos combustibles alternativos ecológicos a los que cambiar.
Autos limpios
Bruselas quiere incluir a los grupos automotrices en el ETS y establecer estándares de emisiones más estrictos para los vehículos nuevos que salen de las salas de exhibición en toda Europa con el fin de reducir 90 por ciento de las emisiones del transporte.
Propone estándares de emisión de carbono más estrictos para los nuevos vehículos de pasajeros, fijando una fecha de facto para prohibir la venta de nuevos vehículos de diésel y gasolina en Europa a partir de 2035. Las automotrices que no puedan cumplir los estándares, establecidos cada cinco años, enfrentarán multas.
Los estándares de automóviles limpios de la Unión Europea se introdujeron por primera vez en 2018 y la rápida adopción de los vehículos eléctricos envalentonó a Bruselas para impulsar un cambio más amplio. La fecha para poner fin al motor de combustión será impugnada en el Parlamento Europeo, donde hay una campaña para una fecha más cercana a 2030, al mismo tiempo que gobiernos como Francia quieren dar a los grupos automotrices hasta 2040.
Combustible ecológico
Bruselas quiere ayudar a la industria a descarbonizar mediante la creación de reglas para promover el desarrollo de combustibles verdes y acelerar el despliegue de puntos críticos de carga eléctrica.
Su objetivo es garantizar un mayor acceso público a los puntos de recarga para coches al garantizar que estén disponibles en una distancia de cada 60 kilómetros, y va a requerir más estaciones de recarga de hidrógeno para camionetas van y camiones.
Bruselas también quiere fomentar el desarrollo de combustibles sustentables para aviones y barcos. La comisión propuso un objetivo combinado de 5 por ciento para los combustibles de aviación sustentables para 2030, un objetivo relativamente modesto que refleja la dificultad de utilizar combustibles verdes para impulsar los vuelos de larga distancia.
Las empresas navieras también tendrán que comenzar a informar a la comisión qué tipo de buques y combustibles utilizan.
Energía renovable
La comisión quiere elevar el objetivo de energía renovable del bloque a 40 por ciento de la combinación energética total para 2030, en comparación con el objetivo actual de 30 por ciento.
Casi dos tercios de la energía renovable actual de la Unión Europea procede de la biomasa, que incluye pellets (comprimidos) hechos de residuos orgánicos que se queman para obtener energía. La comisión ha estado bajo presión de grupos ambientalistas para eliminar la biomasa leñosa de sus definiciones de energía renovable, argumentando que el uso de árboles para generar energía es perjudicial para el planeta.
La comisión introducirá normas de sustentabilidad más estrictas para la biomasa, limitará las circunstancias en las que se pueden otorgar subsidios a la industria y excluirá la biomasa de los bosques primarios para que no cuente para los objetivos ecológicos.
Sumideros naturales
Bruselas tiene como objetivo los sumideros de carbono naturales, donde el suelo y los bosques pueden absorber dióxido de carbono de la atmósfera, para ayudar a cumplir sus objetivos para 2030.
Propone ampliar el secuestro de carbono de la Unión Europea a 310 millones de toneladas de un objetivo actual de 265 millones de toneladas en virtud de su regulación forestal y de uso de suelo.
Pero “compensar” las emisiones mediante el uso del sumidero de carbono es cuestionado por los científicos que argumentan que es difícil medir con precisión la absorción del carbono y que el tamaño del sumidero de la Unión Europea es inestable.