Pretenden evitar lavado de dinero en inmobiliarias con reforma a ley

Especialista detalla a los socios de la AMPI algunos puntos de modificación a la llamada ley antilavado.

Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc | Especial
Esther Herrera
Monterrey, Nuevo León /

Ahora los asesores y desarrolladores inmobiliarios tendrán que establecer mecanismos automatizados para prevenir el lavado de dinero con la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como ley antilavado), señaló Elimelec Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (Asonoc).

El especialista ofreció una plática a socios de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, donde detalló los puntos relevantes de dicha legislación al indicar que se amplía el abanico de responsabilidad y cumplimiento hacia los asesores y desarrolladores inmobiliarios.

“Ya no hay opción: los agentes inmobiliarios deben contar con un encargado de cumplimiento, un manual y mecanismos automatizados para prevenir el lavado de dinero”, explicó Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc”.
“Las multas por omitir avisos pueden superar el millón de pesos por cada falta, así que es fundamental profesionalizar los procesos de prevención”, agregó.

Moreno subrayó que las reformas buscan fortalecer la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y limitar el uso de efectivo, uno de los principales mecanismos utilizados por grupos criminales para introducir recursos ilícitos en la economía formal.

“Al tener una limitante en el uso de efectivo, se evita que el dinero sin origen comprobable se canalice hacia bienes inmuebles o vehículos de lujo”, detalló.

El especialista destacó la importancia de que los asesores y desarrolladores adopten mecanismos de cumplimiento más robustos, incluyendo la identificación del beneficiario controlador y la implementación de sistemas automatizados para el monitoreo de clientes, insistió.

Por su parte, Juan Manuel Escobedo, presidente de AMPI Monterrey, señaló que la clave está en la concientización del gremio y en asumir el cumplimiento como una práctica regular dentro del negocio.

“Así como tenemos un contador público, debemos tener un oficial de cumplimiento y para quienes ya comprendemos el espíritu de la ley, no es una carga más, sino una obligación que debemos ver igual que el pago de impuestos”, afirmó Juan Manuel Escobedo.

mrg

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