Al menos tres gobernadores que dejarán su cargo en la segunda mitad de este año “heredarán grandes retos financieros” a sus sucesores, tras incrementarse de manera importante la deuda pública en el corto plazo en entidades como Chihuahua, Baja California y Nayarit, de acuerdo con la calificadora HR Ratings, encargada de monitorear el desempeño financiero de 20 entidades del país.
Las tres entidades acumulan una deuda total de corto plazo de cuatro mil 720.6 millones de pesos: Chihuahua, con dos mil 916 millones de pesos; Baja California, con mil 100 millones; y Nayarit, con 704.6 millones de pesos.
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Este monto total de deuda es 116 por ciento más alto que el presupuesto destinado este año al programa de becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de la Secretaría de Educación Pública, al cual se le asignó un presupuesto de dos mil 176 millones 511 mil 650 pesos.
“Cuando hay un cambio de gobernador se genera un estrés financiero y un aspecto que lo provoca en mayor medida el pago de los créditos a corto plazo. Los gobernadores deben liquidarlos tres meses antes de dejar el cargo; esto aprieta el flujo libre de efectivo y eso genera distorsiones en su balance, pasivos y en el operar general”, explicó Ricardo Gallegos, director ejecutivo de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings.
El caso más llamativo se presenta en Nayarit, pues el gobierno estatal ha registrado varios atrasos en los pagos de sus créditos a corto plazo en los últimos meses. El más reciente se presentó apenas en febrero pasado, lo cual hizo que la calificadora bajara la calificación crediticia de HR C a HR D, la más baja para cualquier entidad federativa.
De acuerdo con las autoridades, la falta de pago en los créditos adquiridos se debió a la decisión de privilegiar y asegurar el pago de la nómina a los trabajadores del sector público, ante un contexto económico adverso derivado de la contingencia sanitaria y económica por covid-19.
En octubre del año pasado las finanzas del estado ya reportaban impagos en sus obligaciones financieras, por lo que su calificación cayó en ese entonces a HR D; sin embargo, en diciembre, el gobierno estatal entregó información financiera que comprobó la liquidación de cinco créditos a corto plazo por un total de 177.8 millones de pesos y regularización en el pago del resto de los financiamientos.
Con lo anterior, el gobierno del panista Antonio Echeverría consiguió un ligero incremento en su nota a HR C; sin embargo, la calificadora ya preveía una nueva falta de pago, por lo que señaló que continuaría monitoreando el desempeño fiscal del estado, debido a que no se cuenta con más información sobre la estrategia de pagos y en febrero pasado se registraron nuevos retrasos en los pagos de créditos a cortos plazos.
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Por tal motivo, el especialista Ricardo Gallegos explicó que “Nayarit, al estar hoy en impago de sus créditos a cortos plazos, puede ser probablemente el caso más importante que vamos a ver en este año para un estado que cambie de administración y en particular de gobierno”.
En el caso de Baja California, la calificación en 2020 se mantuvo en el mismo nivel que en 2019: HR BBB+. Sin embargo, la empresa HR Ratings colocó una perspectiva negativa para esta entidad porque el gobierno estatal deberá liquidar una deuda a corto plazo que asciende a 3 mil 700 millones de pesos, previo al cambio de administración en 2021, lo “que continuará presionando la liquidez del estado”, señala el informe de calificación.
“El espacio fiscal del estado va a ser complicado, mas no imposible. La posición de los créditos a cortos plazos, antes de los 3 meses del cambio de gestión, tiene que pagar alrededor de mil 100 millones de pesos; esta situación no es nueva para el estado, de hecho, se vivió la misma situación en la pasada administración y sí los pudieron pagar”, señaló Ricardo Gallegos.
Además, explicó que el tema central para el gobierno entrante será eficientar el ingreso y el gasto público para tratar de reducir “el descalce (situación que ocurre cuando las fechas de pago de créditos llegan antes que las fechas de ingresos de recursos) que existe en las finanzas del estado, el cual ya es muy evidente”.
De igual manera se observa un incremento de las obligaciones financieras que tendrá el gobierno de Baja California para cubrir el pago de pensiones de al menos 5 mil 617 jubilados, ante lo que se deberán realizar aportaciones extraordinarias que serán en promedio de mil 317 millones de pesos anuales entre 2022 y 2025.
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Por su parte, el gobierno de Chihuahua registró un retroceso en su calificación crediticia durante 2020 por incrementar el uso de la deuda a corto plazo para paliar los efectos de la pandemia de covid-19, y por aumentar las obligaciones financieras frente a lo que la calificadora tenía esperado.
“En el caso de Chihuahua, el estrés financiero que ha vivido ha sido bastante estable a lo largo del tiempo; sí tuvo una revisión de calificación a la baja por un tema muy técnico que es el de los bonos cupones ceros, pero yo te diría que Chihuahua en particular sí tiene una porción de corto plazo, pero no vemos que vaya a ser un problema de transición para la siguiente administración”, explicó Gallegos.
En la entidad gobernada por el panista Javier Corral se incrementó la deuda quirografaria a 10.4 por ciento con respecto del 7.5 por ciento esperado y para el siguiente año se esperan déficits fiscales derivados de un aumento en las transferencias al sector salud y una disminución en las participaciones federales por el impacto de la pandemia de covid-19.
Los informes de HR Ratings predicen que ante dicho panorama, la entidad mantendrá el uso de la deuda a corto plazo en los próximos años y que representará un 95.6 por ciento de los ingresos de libre disposición en el lapso 2020-2022; es decir, dejarán poco dinero disponible para nuevos proyectos a las nuevas administraciones.
FS