La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Puebla realiza un análisis sobre los problemas de inseguridad que afectan a este sector productivo, con el objetivo de presentar los resultados al gobierno del estado y establecer acciones conjuntas que coadyuven a contrarrestar este fenómeno.
Luis Espinosa Rueda, presidente del organismo explicó que, a lo largo de este mes de julio, la Canacintra levanta una encuesta entre sus 300 agremiados con el propósito de recabar información referente a la situación delictiva que se presenta en territorio poblano.
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Agregó que la información generada servirá para identificar los principales delitos que aquejan tanto a empresas como a sus colaboradores, así como áreas de oportunidad en materia preventiva.
El representante de la Canacintra mencionó que entre los delitos que más preocupan a la industria se encuentra el robo de mercancías en carreteras como el Arco Norte, así como en tramos de la autopista México - Puebla - Veracruz.
Si bien, comentó que el robo a transporte es un tema que compete a las autoridades federales, se busca contar con un panorama real en esta materia y trabajar de manera coordinada con autoridades para combatirlo.
“En la parte de seguridad necesitamos saber de qué estamos totalmente hablando, porque una cosa es la percepción que puede ser buena o que puede ser alta para muchos o para otros no pasa nada. Son datos completos como de dónde nos han robado, qué nos han robado, a quiénes han asaltado, en qué parte. Transporte público, trabajadores, una encuesta que no sea percepción, sino que sean datos reales y, entonces, veamos si es mucho o poco o cuánto”, señaló el empresario en entrevista para Multimedios Puebla.
Espinosa Rueda agregó que los datos recabados servirán de base para la integración de propuestas que en su momento busca presentar el sector industrial al gobernador Sergio Salomón Céspedes a fin de emprender acciones conjuntas para abatir este problema.
“Esto nos va a dar una idea de los que estamos hablando y de lo que podemos hacer también nosotros como industria y de nuestra parte para evitar que siga subiendo o ayudar para que baje la inseguridad”.
Rebasado el andamiaje institucional ante la inseguridad y violencia: investigador Udlap
Ante la inseguridad y el panorama actual, el andamiaje institucional está rebasado como lo demuestran los sucesos de violencia en el país, por ello, es urgente un debate político al más alto nivel con una activa participación por parte de la sociedad civil especializada para la definición de acciones y la toma de medidas y políticas.
De acuerdo con la investigación “Seguridad nacional en México y sus problemas estructurales”, de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en los próximos 20 a 30 años, la coordinación de políticas de seguridad nacional va a ser un asunto crítico por el aumento natural que está experimentando el país en varios sectores internos como el sociodemográfico y económico, así como en el ámbito externo en materia comercial, inversiones y geopolítico.
El conflicto al interior de las instituciones públicas de seguridad, y entre distintos órdenes de gobierno, podría incrementarse por problemas de definición de agendas y asignación de los recursos presupuestales, alerta la publicación.
En la actualidad, ante el panorama de violencia y de inseguridad, el Estado mexicano tiene la obligación de redefinirse para afrontar los inminentes retos que tendrán sus instituciones ante las amenazas presentes y futuras para su seguridad nacional.
“La coordinación efectiva dentro del Sistema de Seguridad Nacional puede suceder a partir de su diseño, implementación y evaluación con una perspectiva de políticas públicas. Finalmente, en la medida que se puedan entender los problemas estructurales que tienen estas organizaciones se podrá resolver el dilema de la coordinación intergubernamental para la seguridad nacional”, destaca el estudio.
El investigador destaca en su análisis que las fuerzas armadas cada vez se involucran más en actividades que le corresponde atender a las autoridades civiles, ya que, pasaron de defender a la nación, frente a amenazas a su soberanía e independencia nacionales en la Segunda Guerra Mundial, a involucrarse en la erradicación de cultivos de enervantes, acciones de protección civil, limpieza y reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, entre otras.
Ante las nuevas funciones, las fuerzas armadas y las instituciones civiles deben comprender que el pacto cívico-militar posrevolucionario debe refundarse en el marco de un país diferente en términos de la complejidad de la agenda pública y de la politización, es decir, el aumento del número de actores políticos que tienen diferentes tipos de intereses.
“Desde la óptica civil gubernamental y social, empieza a gestarse un movimiento en contra de la participación estructural de las fuerzas armadas en ámbitos civiles. Esto se ve reflejado en la disminución de la aprobación de la opinión pública nacional de sus instituciones armadas y en la crítica constante de algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros a esta realidad”, añade el investigador en el estudio.
AAC