La diputada del PRI, Carolina Viggiano Austria, propuso reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que se transfieren a las entidades federativas, también se destinen para “la construcción, equipamiento y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres en cualquiera de sus ámbitos”.
Asimismo, al establecimiento y operación de los sistemas de información que permitan conformar bases de datos que incluyan la información relativa a las mujeres y niñas víctimas de violencia, a las personas que la ejercen y a las fuentes generadoras de las mismas.
De igual forma, a la capacitación del personal de dichos centros y la elaboración de manuales o protocolos de actuación para atender la violencia contra las mujeres y niñas.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, destaca que los centros de justicia para las mujeres en México representan una política efectiva para combatir la violencia de género.
Actualmente, son uno de los instrumentos más eficientes del Estado mexicano para brindar atención a las mujeres desde una perspectiva institucional de igualdad.
Desde 2010, la política de los centros ha estado orientada a integrar a instancias de gobierno, sociedad civil organizada, fiscalías estatales y el Poder Judicial en un espacio de atención para abordar de manera multidisciplinaria los problemas de violencia contra las mujeres. Hasta marzo de 2023, había 65 centros en operación en el país, refiere.
Subraya que los centros son espacios esenciales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en situaciones de violencia; también fungen como un canal de fortalecimiento social y reivindicación de las mujeres después de haber sufrido algún tipo de agresión.
La diputada Viggiano Austria resalta que además de proteger a las mujeres legalmente, estas instancias también representan un espacio clave de empoderamiento. No obstante, pese a ser una política transversal para atender la situación de violencia, la estabilidad y permanencia de los centros depende en gran medida de la voluntad estatal para asignarles recursos.
Agrega que los centros son operados día a día por casi 4 mil servidoras y servidores públicos especializados en la materia. Sin embargo, no todas las estancias pueden brindar todos los servicios contemplados, debido a la escasez presupuestal.
Considera que es necesario fortalecer los trabajos de los Centros de Justicia para Mujeres con criterios estratégicos que garanticen su funcionamiento permanente para que puedan brindar un servicio integral.
Indica que su financiamiento con presupuesto federal también es una obligación del gobierno mexicano, de conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Puntualiza que, al reformar el financiamiento de los centros de justicia, el gobierno mexicano estará cumpliendo con sus obligaciones internacionales y demostrando su compromiso con la eliminación de la violencia de género.
LG