En Perforadora Oro Negro ya no hablan de producción petrolera, de negocios con Pemex o de adeudos en conflicto, porque desde el 11 de septiembre está en concurso mercantil para superar su crisis financiera, negociar con acreedores y retomar el crecimiento.
El nuevo lenguaje desde el viernes pasado incluye “restitución de plataformas”, “retención de personas”, “calabozos en barcos”, “violación de protocolos de aterrizaje”, “fantasías por falta de argumentos legales”, “empresas fantasma del caso Duarte en Veracruz” y “abordajes tipo piratas”, entre otras.
De lo que no se olvidan los abogados de Oro Negro y acreedores son de las demandas. El viernes 19 de octubre Enrique Cedillo García, juez del sistema penal acusatorio del Tribunal de Justicia de CdMx, ordenó la restitución de las plataformas Fortius, Laurus, Primus, Impetus y Decus de Oro Negro a favor del representante legal de esas firmas, Ricardo Contreras.
El juez solicitó el apoyo de la Secretaría de Marina con el oficio UGJ9/40585/2018 para el abogado de los acreedores y levantar el “acta pormenorizada de la diligencia que tendrá que ser remitida al agente del Ministerio Público Andrés Máximo Pérez, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la PGJ de Ciudad de México”.
El domingo 21 de octubre el abogado, acompañado de un agente federal de la Agencia Criminal de Investigación (ACI) y de una persona de seguridad, llegó en helicóptero a la plataforma Decus; como no lo dejaron aterrizar, saltó con sus compañeros. En otros helicópteros, según la denuncia de hechos en la PGR de Ciudad del Carmen, Campeche, iba personal de la ACI, Marina y fedetarios públicos, además de Idelfonso Carrillo, capitán de puerto en la localidad. Así comenzó la historia del nuevo lenguaje.
El abogado Guillermo Barradas, representante de cada una de las empresas dueñas de las cinco plataformas, dijo que Oro Negro “probablemente tuvo operaciones con empresas fantasma”, y que un juez penal de CdMx ordena la restitución de esos activos. “Nos bloquean el acceso a los helipuertos como delincuentes y ponen en riesgo la vida de la tripulación. Activan los cañones de agua y si tocan al helicóptero, nos morimos todos… Retienen a Ricardo Contreras”.
Barradas le dice a Ciro Gómez Leyva que “no le permitieron el ingreso a la plataforma, lo amenazaron de golpearle, de meterlo al calabozo de la plataforma… A ver si no lo tiraron al mar, si no lo tienen en el calabozo, en el mejor de los casos, golpeado, sin comer, está gravísima la situación”.
El abogado de Oro Negro, Alberto Zinser, explica a MILENIO la situación. “Las labores normales en las plataformas están suspendidas desde hace meses y están en modo de mantenimiento. Existe constancia en la Capitanía de Puerto que los helipuertos estaban cerrados. Los cinco helicópteros que se usaron son privados y no representan actos de autoridad de un juez de distrito que notifique del hecho.
“No se hizo contacto por radio del helicóptero a la plataforma petrolera, y ante las aproximaciones de aterrizaje y no hacer caso a los altavoces, se aplica el protocolo de seguridad que implica prender las mangueras de agua. El aterrizaje no fue autorizado y aplicaron como una especie de abordaje pirata… Se avientan tres personas en uno de los extremos del helipuerto”, señala el especialista.
Se refiere a Contreras, a “una persona que se ostentó como agente de la PGR pero que nunca se identificó e iba armado, y una más que hasta ahora no ha dicho ni su nombre. Así empezó la invasión”.
Dice que Contreras señala que trae una orden judicial para quedarse con las plataformas petroleras.
“La sentencia de concurso mercantil señala que no se puede ejecutar una sola medida sobre los bienes de Oro Negro. El resolutivo décimo tercero dice que se suspende cualquier orden de ejecución contra el patrimonio de la concursada. Es normal el procedimiento para que ningún acreedor tome ventaja”.
El abogado Zinser señala que en la plataforma se tomó la decisión de dejarlos salir del helipuerto. “Llegó una lancha de la Marina horas después y ellos le piden a las tres personas que se bajen. Lo hace el supuesto agente de la PGR, pero no el abogado ni la otra persona. Le tuvimos que improvisar un área especial para que estén allí; les damos de comer y agua. No están en peligro ni se afecta su libertad. Lo del calabozo es una fantasía a falta de argumentos legales; suena muy fantástico pero están cómodamente sentados. El hecho es gravísimo”.
En medio de todo esto, los representantes legales de la perforadora Oro Negro, encabezados por el abogado Alberto Zinser presentaron una denuncia en la PGR por la irrupción en sus plataformas marinas autoelevables que se localizan en la Sonda de Campeche, el pasado 20 de octubre.
Con información de Rubén Mosso y Adyr Corral