Los altos niveles de inseguridad y violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva, por lo que la impunidad con la que actúan los criminales y la omisión de las autoridades son actos inaceptables, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, señaló que no puede existir una economía próspera si no se respeta la ley ni se protege la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
“Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos; la ley no se cumplirá mágicamente en nuestro país, necesitamos medidas concretas y efectivas para lograrlo”, resaltó.
El representante del CCE indicó que la inseguridad se traduce en pérdida de empleos y en una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México.
Recordó que hace dos meses Coca-Cola Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero por el asedio del crimen organizado; mientras que la semana pasada la empresa Lala cerró en Tamaulipas por razones similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.
“Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, aseveró.
Agregó que se tiene que avanzar sin mayor dilación, en la implementación de una Fiscalía General autónoma y la formación de ministerios públicos independientes.
"La impunidad en la que quedan más de 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”, dijo.
Hizo un llamado a quienes aspiran a un puesto de elección popular, a que preparen propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad y combatir al crimen organizado y la corrupción.
“En el sector privado sabemos que no se puede esperar credibilidad en la palabra cuando las propuestas no la respaldan, queremos que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrentamos”, señaló.
CPR