El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desacuerdo y “fuerte preocupación” respecto al acuerdo presidencial sobre la realización de obras de infraestructura del gobierno, ya que al equiparar los proyectos a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales.
El organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín señaló que aplicar estos cambios evade leyes que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
“El CCE manifiesta su rechazo, y hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, aseveró.
Indicó que el acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
“Sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”, indicó en un documento el organismo empresarial.
Destacó que la Ley de Seguridad Nacional actual, no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.
Añadió que el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional (emitida en un plazo de cinco días hábiles). “Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
AMP