La Comisión Federal de Electricidad (CFE) defendió férreamente la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, el nuevo y polémico proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador para cimentar el control del Estado sobre el sector eléctrico.
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En el primer día del parlamento abierto para abordar la iniciativa, donde participaron más de 40 políticos, especialistas y representantes de la iniciativa privada, los principales directivos de la empresa productiva del Estado aseguraron que se debe revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos de Productores Independientes de Energía (PIE) para el Estado mexicano, ya que estos le cuestan a la CFE más de 412 mil millones de pesos.
Durante su intervención en el parlamento, el director general de CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes, argumentó que estos contratos dañan a la nación tanto por los subsidios de la eléctrica nacional, como por “el bajo despacho, tarifa creciente y riesgo cambiario”.
Además de esos contratos que calificó de “desventajosos”, detalló que los actuales criterios de despacho de energía privilegian a los privados a costa de centrales eficientes de la CFE.
El directivo pidió piso parejo para competir en el mercado eléctrico, y acusó que a raíz de la reforma energética se puso en desventaja a la CFE con restricciones en el nuevo mercado.
“Bajo el marco de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) actual, no hay un piso parejo. A los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia: comercio intrafirma, contratos bilaterales de cobertura, venta de Certificados de Energías Limpias (CEL) y precios de energía simulados y subsidiados”, argumentó.
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Aun cuando la iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá han calificado la iniciativa como un intento de expropiación o de creación de un monopolio y de violar el acuerdo comercial entre los tres países (T-MEC), desde la visión de la CFE, la empresa enfrenta condiciones asimétricas en materia de competencia porque es obligada a comprar energía a privados, así como Certificados de Energía Limpia para cumplir con la normatividad, y no puede hacer operaciones como venderse electricidad a sí misma y debe recurrir forzosamente a subastas, que la deja fuera de toda competencia.
DIVIDE A ALIADOS
La fracción del PVEM en la Cámara de Diputados se declaró abiertamente contra la iniciativa de reforma eléctrica y la bancada del PES se abstuvo de participar en el parlamento abierto para discutir la propuesta, mientras sus aliados de la llamada 4T, Morena y PT, reafirmaron su respaldo “absoluto y contundente” al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la inauguración del parlamento abierto, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, calificó de “inadmisible” que la CFE compita por encima de las energías limpias.
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En tanto los partidos de oposición se declararon en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal. Al respecto la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, advirtió que dicho parlamento tiene la responsabilidad histórica de discutir a profundidad la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo y cumplir con el Acuerdo de París y los tratados comerciales.
EN CONTRA
Frente a los argumentos de la CFE, la iniciativa privada y especialistas del sector aseguran que esta reforma pondrá en riesgo millones de dólares en inversiones, creará un monopolio energético y violará tratados comerciales internacionales.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, al menos 105 proyectos de generación de energía solar y eólica con un monto de inversión de 451 mil 289 millones de pesos estarían en riesgo de ser afectados.
Además, de aprobarse la reforma, 28 empresas podrán interponer controversias o exigir indemnizaciones según lo convenido en los contratos y tratados internacionales, dijo el representante del CEFP, Ernesto García Monroy.
Esto se debe a que la iniciativa plantea la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda revocar los permisos de autoabastecimiento, algo que permitirá eliminar un mercado eléctrico paralelo, explicó el consejero independiente ante el consejo de administración de la CFE, Héctor Sánchez.
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Agregó que existen empresas que cuentan con permisos para generar electricidad bajo la modalidad de autoabasto que operan 303 centrales eléctricas y despachan energía mediante contratos a 70 mil 318 socios.
El presidente de la comisión de energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González, aseguró que no son necesarios los cambios regulatorios de la iniciativa, sino complementar la generación convencional con las renovables, mismas que seguirán incrementando su participación en la generación, tal como sucede en otros países.
González destacó que países más pequeños que México, como Uruguay y Nicaragua, tienen mayor participación de generación eléctrica con energías renovables, sin provocar fallas a la población.
En opinión del ex presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, el primer efecto de la reforma será usar plantas más caras y contaminantes, para detener las más baratas, sumado a que la inversión realizada por particulares no podrá operarse, algo que presionará las arcas del país.
“Habrá presión a las finanzas públicas al requerir más subsidios o reconocer una mayor pérdida de la CFE, que se traducirá en más endeudamiento para poder pagarla”, dijo e insistió en que esta política inhibe futuras inversiones.
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La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), coincidió al considerar que se creará “un régimen de excepción para un solo jugador del sector que es CFE, que tiene costos más altos en el mercado que sus competidores”.
Regulo Salinas, presidente de la comisión de energía de la Concamin, detalló generar electricidad le cuesta a CFE entre 1.23 pesos y 2.05 pesos por kilowatt hora, mientras que a los privados 82 centavos y argumentó que las tarifas de la Comisión son entre 40 y 80 por ciento más caras que en EU.
Y ADEMÁS
TEMEN LITIGIOS EN CORTE INTERNACIONAL
El presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, Israel Hurado, dijo que hay preocupación en el gremio de abogados y en las asociaciones, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ya que puede ser inmediatamente impugnada en Cortes Internacionales bajo el amparo de los tratados de libre comercio que México tiene firmados.
Con información de Fernando Damián.