La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por la posible realización de acuerdos para manipular precios, restringir la oferta o coordinar posturas en licitaciones en el mercado de producción, distribución y comercialización de vidrio plano y productos fabricados a partir de este en el territorio nacional.
El vidrio plano se utiliza principalmente para satisfacer las necesidades de la industria arquitectónica, como vidrios para interiores o exteriores de inmuebles, así como las necesidades de la industria automotriz, como parabrisas, ventanas laterales, medallones traseros, espejos retrovisores, entre otros.
"Esta investigación, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento, no se han identificado en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación", aclaró.
Expuso que el plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 7 de junio de 2022, periodo que podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
"Si al término de la investigación no se encontraran elementos que presuman la realización de dichas prácticas anticompetitivas, el pleno resolvería su cierre. En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa", aseguró.
Detalló que conforme a la ley, en caso de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos responsables podrían ser multados hasta por 10 por ciento de sus ingresos.
"También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdo entre competidores, podrían ser sancionados con hasta 10 años de prisión", concluyó en un documento emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
MRA