La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que, argumentó, genera incertidumbre y carece de fundamentos sobre cómo regular los sueldos de los funcionarios.
“En este marco permanente de austeridad institucional, la Cofece decidió, en su última sesión de 2018, presentar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; porque adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”, aseguró.
Expuso que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos genera incertidumbre que requiere subsanarse en dos sentidos:
1) Al ser el salario del titular del ejecutivo federal el límite referencial de la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta fundamental tener certidumbre respecto a la información de los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, a fin de que no sea una decisión política o sujeta a la discrecionalidad.
2) La Cofece tiene un régimen especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al estar constituida como órgano autónomo de especialización técnica.
“Por ello, la ley referida debe contar con los elementos que permitan regular de manera explícita los sueldos de una institución que cuenta con esta reconocida especialidad, en términos de lo señalado en el propio artículo 127 constitucional en su fracción tercera, que prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50 por ciento de la remuneración del Presidente”, afirmó.
La Cofece aclaró que la controversia constitucional “no tiene la intención de ir en contra de las estrategias adoptadas por este gobierno para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía constitucional otorgada a la Cofece en el artículo 28 constitucional para estar en condiciones de cumplir con su mandato de combatir la falta de competencia en los mercados”.
LVM