La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) lamentó que las autoridades del gobierno federal encargadas de administrar la energía eléctrica estén generando inquietudes innecesarias entre los participantes del sector, tanto nacionales como internacionales.
En videoconferencia, el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, señaló que es muy grave enviar señales que hagan ver a México como un país donde “no reina el estado de derecho”, ya que la emisión de normas “inconscientes”, pueden afectar los flujos de inversión, sobre todo dijo, en momentos en que se requiere confianza.
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“Ha sido muy lamentable conocer cómo las autoridades del sector eléctrico han causado una inquietud innecesaria, no solamente entre los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, sino que también, entre todos los posibles inversores nacionales y extranjeros”, aseveró.
Esto luego de que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, de la Secretaría de Energía (Sener).
En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), Hugo Gómez, aseguró que es necesario contar con reglas claras en el mercado, ya que los cambios en las condiciones de despacho de energía eléctrica inhiben la inversión privada y limita las energías renovables.
“Si la proporcionalidad de la energía renovable que es la más barata, la van a impedir, y van a incluir el combustóleo; tendrían que subir el costo de la tarifa eléctrica. Si no están a tiempo las inversiones, desde luego que podemos empezar a tener, como ya hemos tenido en algunas regiones del país, falta de suministro eléctrico”, advirtió.
Cervantes Díaz recordó que el Poder Judicial Federal admitió diversos amparos interpuestos por alguna de las empresas eléctricas afectadas, “lo que trajo como consecuencia, la suspensión provisional de los efectos y disposiciones anunciadas en favor de las partes que lo interpusieron”.
“Nadie está en contra de que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales; pero hoy como nunca, nos queda claro que nadie está por encima de la ley, y nadie tiene el derecho de actuar bajo cualquier pretensión fuera de la ley”, aseguró.
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Expuso que lamentablemente los recursos para del Estado en materia de inversión en el desarrollo de infraestructura, “ya era insuficiente antes del covid-19. En un futuro inmediato, nos queda claro que los ingresos públicos estimados para el 2020, no se alcanzarán, por lo que el Estado enfrentará la difícil disyuntiva de realizar recortes al gasto programado, elevar impuestos o contratar deuda”.
GGA