El sector de la construcción hizo un llamado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que realice una serie de auditorías a los municipios que tienen grandes adeudos con sus proveedores y den a conocer puntualmente en qué aplicaron sus recursos.
"Por todos es sabido que haya ayuntamientos que se han endeudado desde hace más de 15 años, lo que implica que los pasivos no les permitan generar los proyectos de infraestructura para imagen y áreas urbanas adecuadas o atraer inversión".
De acuerdo con Adolfo Castillo Huanaco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en la entidad, el pasivo también les impide el pago de sus deudas porque en muchos casos los recursos fueron aplicados en otras áreas, incluso en gasto corriente, es decir, estaban etiquetados para el desarrollo de obra y se aplicaron en otra cosa.
Hoy los nuevos alcaldes -expresó- tendrán que hacer frente a proveedores de todo tipo, desde papelería, equipos de cómputo, tecnología, vehículos, hasta obra pública, inmuebles y demás. "Hay una reglamentación para el uso de recursos en diferentes rubros, y en algunos casos estos están siendo utilizados para el pago de nómina, lo que deja a las empresas desprotegidas".
Por ello, solicitó a la Legislatura Local realizar las investigaciones pertinentes y evitar que los recursos se ocupen en rubros distintos a su propósito o bien sean regresados. "Las mipymes, medianas y grandes que generaron un porcentaje tremendo de empleos, tienen problemas muy fuertes que no les permiten sobrevivir. Necesitamos que se analice cuánto arrastran de pasivos los gobiernos municipales y en su caso iniciar los procesos legales pertinentes".
Lo que están buscando -enfatizó- es que se haga el reconocimiento de la deuda antes de que termine la administración, pues en algunos municipios el presupuesto del siguiente año tiene un componente de hasta el 50 por ciento destinos al pago de nóminas.
"Los nuevos presidentes municipales estarán casi obligados a cumplir con las proyectos que generaron en campaña, aunque el mayor problema para ellos es que no tendrán con qué hacer frente".
Los pasivos de este trienio -resaltó- tardarán en cubrirse entre 5 y 7 años, lo que pone en aprietos al sector, de ahí la necesidad de que haya una fiscalización a fondo. Si bien la mayoría de los constructores inician procedimientos legales -resaltó- no son suficientes para recuperar lo que invirtieron en un proyecto.
"Hay municipios que generan una propuesta de ejercicio fiscal muy grandez, cuando realmente no les alcanza para trabajar por los pasivos que traen".
KVS