Luego de que el 15 de diciembre cerca de 80 patrullas con elementos de la policía estatal y 200 elementos de la policía bancaria intentaron tomar la planta de Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, los consejos de Administración y Vigilancia de la firma denunciaron que dicho acto tiene detrás corrupción y arbitrariedad por parte de las autoridades y las personas involucradas.
En conferencia de prensa, Federico Sarabia, presidente del Consejo de Administración, calificó como “lamentable” el hecho e indicó que el grupo denominado como disidente irrumpió en el complejo bajo el argumento de una supuesta notificación por parte de una actuaria.
Los cooperativistas de la cementera Cruz Azul advirtieron que defenderán la planta de Tula "a costa de lo que sea", pero confiaron que el conflicto con la disidencia se resuelva por la vía legal.
Los integrantes del Consejo de Administración, que tomó el control desde agosto del 2020 y que mantiene la posesión de la planta en Tula, acusaron a los disidentes Rafael Anzures y José Antonio Marín, de intentar ilegalmente entrar a la cementera.
Federico Sarabia agregó que los consejos cuentan con los testigos audiovisuales del suceso, a lo que sumó que en esa noche acompañaba al grupo disidente “una actuaria” con una serie de documentos, los cuales calificó Sarabia como “basura”, pues no había ninguna orden judicial que les permitiese tomar las instalaciones de la planta.
“Tula acaba de pasar una inundación y no hubo tal movimiento policiaco del estado de Hidalgo. Hubo una fuga de reos y ni la mitad del movimiento policiaco hubo ese día como lo hubo en la planta de Cruz Azul Hidalgo. Es impresionante el nivel de corrupción que se vive”, aseguró.
Expresó que en el altercado salieron heridas varias personas, suceso que también dejó vidrios rotos y destrozos en la planta, además de que el grupo disidente alzaba la voz diciendo que la orden la había dado Rafael Anzures, a través de un interventor llamado Jonatan Molina.
“Los que están ambicionándose con quedarse la empresa, ya son los abogados y quiero decirlo abiertamente, Rafael Anzures, es uno de los que están muy dispuestos a quedarse con la propiedad de la planta, con la propiedad del equipo. Han hecho varios movimientos en cuanto al equipo, pero no pueden hacerlo administrativamente bien sólido ni legal, porque no tienen los poderes”, aseveró.
Además, dijo que el grupo disidente obtuvo que al consejo se le bloquearan sus cuentas bancarias a través del juzgado noveno de la Ciudad de México, lo que ha terminado afectando en que no se pueda realizar el pago a las más de mil personas que laboran en esta planta. Indicó que tras la decisión de este juzgado, se congelaron cuentas que en su conjunto equivalen a 194 millones de pesos.
Además, aseveró que se han congelado 200 cuentas de socios que se encuentran al frente del asunto, sin embargo, sostuvo que está seguro que el caso lo terminará ganando el Consejo de Administración en el que Sarabia se encuentra, pues no tienen elementos para señalarles un “supuesto robo y venta de cemento”.
“El abogado Anzures declaró ayer a mediodía que el gobierno del estado de Hidalgo lo favorece, en este caso el gobernador Omar Fayad lo favorece a él para tomar posesión de la planta. No se si el gobernador esté enterado o si esté enterado y mandó a toda la policía o si es un dicho de él, pero si es así, qué lamentable”, agregó.
La planta produce 7 mil toneladas de cemento diarias y tiene una plantilla laboral de aproximadamente mil 300 trabajadores. El complejo es una de las cuatro plantas que tiene la cementera en el país, que en su conjunto producen 30 mil toneladas diarias.
srgs