Ante la orden de aprehensión emitida contra el representante legal de la Cooperativa Cruz Azul S.C.L, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socios de la institución pidieron a las autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) que se aplique todo el rigor de la Ley a este personaje que únicamente ha dañado a la cooperativa y a sus miembros al incurrir en posibles actos delictivos como lavado de dinero y delincuencia organizada.
Mediante un comunicado el socio con número 2380 de la organización de Cruz Azul, Octaviano Bravo Morales, emitió esta demanda a las autoridades pertinentes pues además de los posibles delitos que se le imputan a nivel federal, denunció la existencia de persecuciones, agravios y desacatos cometidos contra miembros quienes, debido a las corruptelas y malos manejos del consejo administrativo encabezado por Guillermo Álvarez, les fueron vulnerados sus derechos como socios.
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“Quiero hacerles del su conocimiento una serie de denuncias, como la relacionada a la sentencia del juicio ordinario mercantil 136/2011-1, en la que el juez sexto de distrito en materia civil ordenó a la cooperativa restituir en sus funciones al consejo de administración”, añadió Bravo Morales; sentencia que fue ignorada y se incurrió en un desacato judicial, “desde el 23 de junio de 2014 por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, quien no tiene facultades y hasta hoy, el consejo de administración sigue siendo el elegido en asamblea del año 2010, quienes también deberán rendir cuentas a la cooperativa”.
De igual forma señaló que desde el año 2015 existe una sentencia, bajo expediente 187/2013-B, que es parte fundamental para esclarecer la posible constitución de delitos por parte de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas y sus cómplices en contra de la Cooperativa Cruz Azul S.C.L., y que al día de hoy, derivado de acciones traicioneras y desleales, solo se ha dado cumplimiento de manera parcial. Aunado a esto, “Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ha agotado las instancias jurídicas con la intención de dilatar o retrasar su cumplimiento, además de amenazar o comprando a quien se le atravesara”, acusó.
Bravo Morales junto con los socios compañeros Baltazar Avendaño Hernández y Vicente Reyes Lugo exigieron el cumplimiento de la sentencia 187/2013-B, pues de manera dolosa Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Noé Calvo Morales y Federico Sarabia Pozo mantienen retenido su salarios como socio desde el pasado 30 de julio de 2019.
“Esto pone aún más en evidencia la responsabilidad jurídica por estos actos ilícitos y que han generado un daño irreversible a muchos socios y socias, familias y sobre todo a nuestra Cooperativa”, añadió.
El documento emitido por los cooperativistas reitera el llamado al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para que se mantengan las investigaciones relacionadas a “Billy” Álvarez, “le exhortamos a continuar las investigaciones en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez Cuevas, Víctor Garcés Rojo y todos los implicados por los posibles actos delictivos de lavado de dinero y delincuencia organizada”.
Asimismo, “reconocemos y apoyamos las ordenes de aprehensión emitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, Iván Aarón Zeferino Hernández, contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda por la posible constitución de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades retiro, depósito y ocultamiento de recursos dentro del territorio nacional”.
Finalmente, Bravo Morales invitó a todos los compañeros socios y socias “a que luchemos por la justicia en nuestra Cooperativa en contra de los ladrones y corruptos para que se les aplique todo el rigor de la ley por los hechos ilícitos que hayan cometido. La cooperativa no se vende ni se traiciona, se ama y se defiende. Recuerden que la defensa real y legítima de nuestra cooperativa siempre debe ser por intereses colectivos y no particulares”, concluyó.