La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que un eventual decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), violaría la Constitución del país, y representaría graves problemas de funcionamiento.
El organismo que dirige José Medina Mora, advirtió que de mantenerse la intención del presidente, sobre emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en la Constitución.
"El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista. En Coparmex decimos no a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación", aseguró.
Expuso que el camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial, es que exista una iniciativa de reforma Constitucional en la materia, que ésta pase al Poder Legislativo, y ahí se discuta, "pues es claro que un poder, en este caso el Ejecutivo, no puede tomar atribuciones que no le corresponden".
Recordó que el país vive una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos; es decir, 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales.
"Este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", destacó.
Ante eso la Coparmex señaló que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, "pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares".
IPM