Ante la decisión del Sistema Atribución Tributaria (SAT) sobre la expulsión de numerosos contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), entre ellas micro, pequeñas y medianas empresas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hace un llamado respetuoso a la autoridad fiscal para flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones.
Mediante un comunicado emitido por la Confederación informó que esta estrategia está generando graves problemas para aquellos que, por diversas circunstancias, no presentaron alguna declaración.
“La autoridad los expulsó del régimen, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde enero de 2022, sin ofrecer flexibilidad para subsanar esta problemática”, comentó.
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Explicó que esta modalidad entró en vigor el primero de enero de 2022, permitiendo a las personas físicas con ingresos anuales no superiores a 3.5 millones de pesos y a las personas morales con ingresos no mayores de 35 millones de pesos pagar entre el 1 y 2.5 por ciento, según sus ingresos.
Destacó que el Resico está contemplado en el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), surgió como una simplificación administrativa para brindar acceso a la formalidad a micro y pequeños negocios como tiendas, talleres mecánicos, escuelas, cocinas, cafeterías, restaurantes, ferreterías, entre otros, proporcionándoles beneficios fiscales.
Es fundamental recalcar que la esencia de estas facilidades administrativas es impulsar la formalidad y el cumplimiento oportuno de las obligaciones para aquellos que tienen un negocio.
“Esto coincide plenamente con uno de los principales objetivos que tenemos en Coparmex, ya que los impuestos son obligaciones que debemos atender para una buena gobernanza, y bajo esquemas amigables se puede fomentar la formalidad”, comentó.
Ante la situación actual, consideramos que la autoridad tributaria debe ser sensible, sobre todo atendiendo al contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en la mayoría de los casos, se les está causando una gran afectación que podría llevarlas a la bancarrota.
Resaltó que en los últimos meses, el órgano de recaudación fiscal llevó a cabo diversas actividades de actualización de obligaciones económicas de los contribuyentes, lo que provocó la expulsión masiva de varios de ellos, ya que se actualiza lo establecido en el artículo 113-I de la LISR, obligándolos a cumplir con sus obligaciones desde enero de 2022; es decir, desde que entró en vigor o desde que se incorporaron al Resico, no desde su salida.
“Esta situación colocó a muchos pequeños negocios en una encrucijada, teniendo que evaluar la continuidad de sus operaciones”, comentó.
Ante tal panorama, la Confederación señaló que consideran que “la autoridad tributaria debe ser sensible, sobre todo atendiendo al contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en la mayoría de los casos, se les está causando una gran afectación que podría llevarlas a la bancarrota”, finalizó.
aag