La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que no hay impedimentos para poder elevar el salario mínimo a 102 pesos para los trabajadores del país, como lo propone el organismo.
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En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que sería inviable la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de subir el salario mínimo al doble, ya que señaló, éste puede afectar la inflación y la economía.
"Pensamos que sí se puede llegar a la línea de bienestar; no genera efecto faro, no provoca inflación, no provoca que las empresas cambien de la formalidad a la informalidad y tampoco desacelera el crecimiento del empleo, sí podemos llegar a este objetivo", aseveró.
Respecto al tema laboral y las reformas que se pueden implementar por parte del presidente electo y su equipo, de Hoyos señaló que debe existir una consulta a todas las ramas del trabajo y en especial al sector empresarial, por lo que se pronunció a favor de la libertad sindical por parte de los trabajadores.
"La libertad de la democracia sindical no tienen que conducir a la atomización; lo que se debe tener cuidado es el hecho de que haya pluralidad de sindicatos. A favor de la libertad sindical, en contra de la atomización de la representación", aseguró.
Perdón general fomenta conductas ilegales
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que cualquier acto que infrinja la ley debe ser castigado, ya que de no hacerlo fomentará cometer más conductas ilegales en el país, por lo que sería inaceptable.
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“Nuestra postura, sin haber escuchado la declaración, es que cualquier conducta de un servidor público o de un particular en contra de bienes públicos, si se tienen indicios de que se cometió, tiene que ser investigado, en su caso procesado y siempre castigado en el marco de la ley”, aseveró en conferencia de prensa.
Esto a la pregunta exprés sobre los comentarios que realizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de perdonar a los personajes que cometieron actos de corrupción en el país.
“Todo acto violatorio de la ley, particularmente si es un acto cometido por un servidor público elegido o designado y que haya atentado contra el patrimonio público, tiene que ser perseguido, juzgado y en su caso sancionado”, aseguró.
Resaltó que perdonar a los culpables en hechos delictivos; “los perdones generales, los indultos, las amnistías a quienes dilapidan o sustraen recursos del erario público, no generan conductas ejemplares, más bien fomentan las conductas ilegales”.
GGA