La implementación de las medidas para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 podría generar un aumento en el saldo de la deuda pública de México de 15 a 21 por ciento real respecto a 2019 y esto representaría niveles históricos del saldo de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En un documento, señaló que si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la deuda pública podría incrementarse 15 por ciento real respecto a 2019 y llegar a 103 mil 549 pesos por persona, esto solamente por la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso.
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Si se aplica una política fiscal contracíclica, abundó el CIEP, mediante un aumento del gasto público en 2.6 por ciento del PIB, el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21 por ciento y llegaría a 108 mil 653 pesos por persona.
Explicó que se prevé que la actual crisis sanitaria y económica tendrá dos factores en la deuda pública: los directos y los indirectos, los primeros incrementarán la necesidad de mayor financiamiento para cumplir con el ejercicio del gasto público.
Los indirectos son aquellos que incrementarán el saldo de la deuda, producto de operaciones ajenas al funcionamiento del sector público, como un incremento en la deuda externa debido a la depreciación del peso. Otro determinante es el incremento en las transacciones compensadas de la deuda como la recompra de deuda, las permutas o la colocación de deuda por arriba o por debajo de su valor nominal.
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Ingresos públicos disminuyen por coronavirus
El centro de investigación indicó que la implementación de las medidas para frenar la propagación del covid-19 ha generado un doble efecto en la economía mexicana y eso genera disminución de los ingresos públicos.
Explicó que, por un lado, hay una contracción de la demanda agregada, resultado de las medidas de aislamiento social, lo que genera una caída en el consumo directo de los hogares; por otro lado, hay un choque en la oferta, que es resultado tanto del paro de las actividades no esenciales, así como de la disminución de los bienes y servicios que se importan del extranjero.
Esto, expuso el CIEP, lleva a una disminución de los ingresos que recauda el sector público por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en general, de los ingresos tributarios.
Además, también hay una caída de los ingresos que obtiene el sector público por la venta de petróleo, tanto por una disminución en la demanda internacional, así como por la caída histórica del precio del petróleo.
GGA