El aumento en los costos laborales a las empresas sin estímulos suficientes a la producción, capacitación, innovación e inversión no solo empuja la informalidad sino podría limitar su participación en el portafolio de negocios por 406 mil 800 millones de dólares anunciada por el gobierno federal, advirtió el director de Amitai y ex presidente de la Comisión de Capital Humano de la Coparmex, Héctor Márquez Pitol.
Comentó a MILENIO que el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores impulsando la formalidad es un camino de dos vías en que la parte patronal pone de su parte, pero también se requieren incentivos como la reducción de cargas fiscales, mayor certidumbre jurídica, combate eficiente a la corrupción y simplificación profunda de trámites administrativos.
“Vemos que en los dos últimos años el número de patrones afiliados al IMSS ha disminuido en alrededor de 2.9 por ciento para situarse en un millón 23 mil 438 a finales de enero, lo que es prueba inequívoca de que la informalidad gana terreno debido a las mayores cargas en costos laborales que no están acompañadas de incentivos extraordinarios y que en particular afectan a la micro, pequeña y mediana empresa que en conjunto generan más del 70 por ciento del empleo.
“Sin mayores estímulos y una más onerosa contratación por aumento de salarios y prestaciones, lo que están haciendo muchos patrones es irse por la libre para reducir costos y no perder competitividad, lo cual podría acentuarse con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas que elevará entre 10 y 15 por ciento los costos laborales al tener que incrementarse el pago de horas extras”, señaló.
Precisó que mientras en 2024 se tenían registradas un millón 54 mil 947 figuras patronales ante el IMSS, este número descendió a un millón 36 mil 119 en 2025 y en enero pasado a un millón 23 mil 438, lo que significa una reducción acumulada de 31 mil 509 figuras patronales.
De esta cifra, 80 por ciento corresponden a microempresas que no han aguantado la pinza de los costos laborales entre ellos los aumentos extraordinarios a los salarios mínimos, la Ley Silla y ampliación del período vacacional de seis a doce días por año.
“Tan solo en enero una vez que entró en vigor el incremento de 13 por ciento al salario mínimo para situarse en 315 pesos diarios, se cancelaron 5 mil 842 registros, lo que indica que ante la presión de mayores costos, las empresas, fundamentalmente las micros y pequeñas están optando por la informalidad que hoy representa el 55 por ciento de la población ocupada y que por desgracia es donde se perciben los salarios más bajos y al margen de las prestaciones de ley”, dijo.
El directivo aclaró que el sector patronal no se opone a mejores salarios y prestaciones a la planta laboral, lo preocupante es que no se conceden los estímulos suficientes para avanzar en la generación de empleo formal lo que empuja el crecimiento de la informalidad y frena el combate a la pobreza laboral.
Ante ello, dijo, que sin tocar prestaciones e indemnizaciones, lo que se requiere es avanzar en la simplificación de trámites administrativos, reducir cargas fiscales a las empresas que invierten, regresar al sistema de subcontratación perfectamente regulado para abrir nuevas oportunidades de empleo y redoblar esfuerzos en el combate a la corrupción y la impunidad luego de que Transparencia Internacional reveló en su reciente informe que México cayó al lugar 141 de 182 países en el Índice de Percepción de Corrupción quedando como el peor evaluado dentro de los integrantes de la OCDE.
Sin acceso a oportunidades
Héctor Márquez precisó que aunque en el Plan México está prevista la deducción inmediata de inversiones (activos fijos) y exenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes inviertan en polos de desarrollo, “lo que México requiere es ampliar esos estímulos a todas las zonas del país para que las inversiones previstas en más de 2 mil 539 proyectos realmente se cristalicen y no se desvíen a otros países que por igual están peleando por más llegada de capitales”.
“Aunque esos flujos de inversión corresponden en su mayoría a grandes empresas, es la oportunidad para que miles de pequeñas y medianas se integren a las cadenas de valor y ahí que desde ahora se apliquen facilidades fiscales a las que reporten ingresos menores a los 3.5 millones de pesos anuales, además de que tengan un tratamiento especial en los costos para formalizar su planta laboral".
“Lo que hay que visualizar ahora que vienen importantes inversiones es facilitar con estímulos adicionales la creación de plazas de empleo formal para empezar a revertir la tendencia del crecimiento de la informalidad que significa marginación y pobreza para millones de mexicanos”, destacó.
En tanto la coordinadora de análisis de “México Como Vamos”, Adriana García, señaló que factores como el estancamiento económico, mayores costos laborales que hacen menos atractiva la formalidad y contracción en 2025 de 4.6 por ciento de la inversión privada y de 22.8 por ciento en la pública, hacen prever que este año sólo se podrán generar alrededor de 300 mil plazas de empleos de las 1.2 millones anuales que demanda anualmente la inserción laboral.
Sin embargo subrayó que los proyectos de inversión por casi 407 mil millones de dólares y el Plan de Infraestructura para el Bienestar que representara inversiones equivalentes al 2 por ciento del Producto Interno Bruto, podrían cambiar el panorama para 2027 en que cuando menos se podrían volver a generar 700 mil plazas de empleo alcanzadas en 2022, siempre y cuando se avance en simplificación de trámites, estímulos fiscales a las pymes y se finquen estudios en que hasta que grado los incrementos extraordinarios al salario mínimo han generado beneficios o empiecen a ser un freno para que más empresas decidan contratar formalmente.
Destacó que entre los retos para captar esas inversiones están disminuir de 2.6 años a un máximo de 12 meses el tiempo para concretar un proyecto a través de una ventanilla única digital, situación en que deben emprenderse esfuerzos extraordinarios pues de acuerdo al Índice Mundial de Competitividad México se encuentra en el lugar 55 de 69 países evaluados por el International Institute for Management Development, lo que implica no estar dentro del 20 por ciento de los países más competitivos.
La analista precisó que avanzar en el combate a la precarización salarial depende directamente a la generación de empleo formal donde se paga casi el doble y con prestaciones sociales y económicas que benefician al núcleo familiar pues aunque la retabulación de los salarios mínimos ha sido extraordinaria y se han ampliado de manera importante los programas sociales, entre 2024 y este año la pobreza laboral solo disminuyó en 700 mil al pasar de 45.6 a 44.9 millones que subsisten con lo elemental y que se ubican en la informalidad.
AG