El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que es un hecho que México va a hacia una recesión y será más profunda si no se toman las medidas adecuadas para aminorarla; entre ellas, una política contracíclica, mayor inversión y estímulos fiscales.
En videoconferencia, la presidente del IMCP, Diamantina Perales, señaló que en la coyuntura actual se encuentran los efectos del Covid-19, cuyas medidas de contención adoptadas por la gran mayoría de los países implican el aislamiento temporal de las comunidades, lo que interrumpe la actividad económica.
Esto aunado a la guerra de precios del petróleo y el estancamiento económico crónico, resultado de la contracción en el gasto de inversión, y la pérdida de confianza de los agentes económicos, nacionales y extranjeros.
“Es un hecho que vamos hacia una recesión por el brutal choque y la coincidencia de una recesión global, la guerra de precios del petróleo y el estancamiento que tenemos en México”, indicó el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O’Farril.
El IMCP explicó que el problema es que estas tres circunstancias pudieran tener un efecto prolongado, ya que en México no se han adoptado las políticas públicas y las medidas de salud necesarias que deberían de implementarse para evitar brotes de la pandemia en diversas ciudades, ni tampoco se está considerando un programa de emergencia económica para atenuar el efecto que tendrán estos dos cisnes negros en la economía.
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Destacó que anunciar medidas aisladas o ejercer adecuadamente el gasto público no es suficiente para evitar que el estancamiento actual se transforme en una recesión profunda, pues ya tenemos varios sectores afectados y el mayor riesgo es la vulnerabilidad de Pemex, la necesidad de que tenga que recibir apoyos adicionales del gobierno federal, en un entorno de posible recesión, lo que implica menor recaudación fiscal.
Ante esta situación, el IMCP propuso un plan de emergencia económica que incluye una política fiscal temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5 por ciento del PIB, equivalente a 110 mil millones de pesos que deben destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al gasto de inversión pública.
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Además, un amplio programa de garantías de la banca de desarrollo para las grandes empresas y las Pymes, mediante la participación de los bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios.
Asimismo, la revisión del régimen de inversión de las Afores, las aseguradoras y otros inversionistas institucionales, para inducir al ahorro de los fondos de inversión para el retiro, y los demás portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de valores.
Del lado fiscal, el IMCP propone permitir la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales a los trabajadores; dar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por efecto del impacto del Covid-19; e iniciar un gran esfuerzo de desregulación, fortalecer con hechos el Estado de Derecho, y atacar frontalmente la inseguridad y la corrupción.
lvm