La energía barata de Paraguay atrae a decenas de criptomineras legítimas, pero también seduce a forajidos que minan monedas digitales ilegalmente y a gran escala, en un mercado sembrado de denuncias de corrupción.
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En la ciudad de Hernandarias, a dos kilómetros de la colosal represa de Itaipú sobre el río Paraná, se instaló la paraguaya Penguin, donde cientos de computadoras se alinean en un terreno extenso como una cancha de fútbol.
"Penguin ofrece alojamiento a todos los dispositivos informáticos, ya sea criptominería, centros de datos de inteligencia artificial o servicios en la nube", dice Ricardo Galeano, vicepresidente de este centro de computación de alto rendimiento.
La ubicación de esta enorme criptominera no es azarosa: Itaipú, una copropiedad de Brasil y Paraguay en partes iguales, es una de las represas más potentes del mundo, con capacidad de generar 14 mil megavatios por hora.
Paraguay dispone de otras dos hidroeléctricas: Yacyretá con Argentina (cuatro mil megavatios) y Acaray (400).
La electricidad limpia y asequible de Paraguay es un imán para la industria tecnológica: la criptominería, esa larga serie de cálculos que produce una unidad de moneda digital, requiere una importante infraestructura informática y, en consecuencia, un alto consumo de energía.
¿Qué problemas enfrenta Paraguay con la criptominería ilegal?
Destacado por el FMI por su "economía verde", el Paraguay eléctrico no está exento de cortocircuitos que delatan sus desigualdades: a pesar de la electricidad que exporta en abundancia, más del 23 por ciento de los hogares todavía cocinan con leña o carbón, un número que llega hasta el 48 por ciento en las zonas rurales.
¿Cómo responden las autoridades ante la criptominería ilegal?
En los últimos tres años se han establecido en el país más de 60 sitios de criptominería avalados por las autoridades, que representan más de 1.100 millones de dólares en inversión, según Bruno Vacotti, vocero de Penguin y miembro de la Cámara Minera de Activos Digitales de Paraguay (Capamad).
Un socio de Penguin es el peso pesado del sector, la estadunidense Marathon Digital, que ya ha invertido 30 millones de dólares en la planta de Hernandarias.
Al margen de estas empresas, prosperan decenas de criptomineras ilegales que vampirizan la energía paraguaya y contra las que, según Penguin, las autoridades luchan débilmente.
A finales de mayo, policías y agentes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) incautaron en una de estas granjas clandestinas de criptomonedas en Saltos de Guaira (sur), más de dos mil 700 ordenadores y cinco transformadores, el mayor decomiso hasta la fecha.
La semana pasada, se incautaron casi 700 ordenadores y un transformador en una granja en Hernandarias que consumía el equivalente a 60 mil dólares mensuales de electricidad.
La ANDE admite una pérdida del 28 por ciento de la electricidad que genera, por diferentes causas, entre ellas la minería ilegal.
¿Existe corrupción en torno a la criptominería ilegal?
Salyn Buzarkis, diputado del opositor Partido Liberal, está convencido: "Las criptomineras ilegales están protegidas por los funcionarios", acusa, refiriéndose explícitamente a "sobornos" que estarían recibiendo los trabajadores estatales.
"¿Por qué no encuentran a las ilegales? Es fácil de detectar por el consumo de internet", dice Buzarkis, al denunciar asimismo que las granjas criptomineras requieren en electricidad "el equivalente a lo que consume una ciudad entera".
El resultado es la paradoja de un Paraguay que exporta su electricidad, pero cuyos habitantes a menudo se quedan a oscuras, con cortes frecuentes y masivos, como el ocurrido en marzo.
Félix Sosa, director de la ANDE, se defiende: "Somos los primeros en querer desenmascarar a los responsables" de robar electricidad.
En una charla con la AFP, Sosa recuerda los más de 71 procedimientos abiertos por la entidad ante el Ministerio Público por robo de energía, y las cerca de 10 mil computadoras incautadas, además de unos 50 transformadores.
"Es una lucha frontal y seria", insiste por su parte el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, aunque Buzarkis asegura que las máquinas decomisadas son obsoletas y "no sirven ni para tostar pan".
El Senado aprobó en julio una ley que aumenta las penas por el uso ilegal de energía para criptominería a un máximo de 10 años de prisión.
Mientras tanto, los empresarios empiezan a perder la paciencia, no solo por los forajidos de la criptominería ilegal sino también por un país "que no tiene previsibilidad".
"Paraguay no es el paraíso energético que la gente del exterior se imagina", denuncia Vacotti, de Penguin, acusando aumentos de los precios de la ANDE de hasta un 16 por ciento para el "consumo intensivo".
La industria aporta 12 millones de dólares mensuales a la ANDE, pero nuestras empresas miran hacia Brasil, advierte Jimmy Kim, de Capamad, quien señala que la criptominería en Paraguay paga un 54 por ciento por encima de la tarifa convencional de electricidad.
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