El Senado recibió ayer el oficio con el que se remite el proyecto de decreto de la Ley de la Industria Eléctrica con carácter de preferente, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa ha abierto el debate, no sólo dentro del Poder Legislativo, sino en la opinión pública y esto es lo que se dice a favor y en contra.
Por un lado están las asociaciones y empresas que señalan los efectos legales y en inversiones que tendrá la medida; el gobierno y algunos académicos explican que la reforma energética aprobada en la administración anterior tenía por objeto desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los especialistas que están en contra de la modificación señalan su inconstitucionalidad y que se contrapone a diversos tratados internacionales de los que México es miembro, lo cual provocará demandas por parte de las empresas y representará pérdidas millonarias para el Estado, recursos que podrían utilizarse en salud o educación.
Además de esto, se dice que con el cambio de despacho eléctrico, dando preferencia a las plantas de la CFE, se generará energía más cara y contaminante, lo que además supondrá un impacto al medio ambiente.
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Como consecuencia, los usuarios de a pie pueden ver un incremento en sus recibos bimestrales. Mientras que para las empresas, los altos costos de energía, encarcelan los costos de producción y por ende los artículos que pagamos teniendo un efecto inflacionario.
Otro de los puntos que se manejan en contra, es que México será visto como un país en el que no se puede hacer negocios, lo cual alejar a las inversiones afectan el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos.
Sin embargo, como en toda historia existen dos versiones, el gobierno y específicamente la CFE, ha señalado que los contratos legados, (aquellos previos a la reforma energética), se benefician al no pagar los costos de transmisión; es decir empresas generan su propia electricidad y la transmiten a través de las líneas de la comisión federal de electricidad a diferentes puntos del país.
Sumado a esto, la CFE ha acusado que existe un mercado alterno, donde estas empresas han creado sociedades en las que participa con capital de un dólar y que se ven beneficiados con este esquema.
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La empresa productiva del Estado además acusa, que con la reforma no se reconoció su centrales de energía como limpias, y es que los Certificados de Energía Limpia (CEL's) solo se otorgan a centrales limpias construidas después de la reforma energética, esto como mecanismo para desarrollar nuevos proyectos.
Sobre el aumento en los precios, algunos expertos dicen que será imperceptible porque el gobierno subsidiará estos aumentos, lo que será una carga a las finanzas públicas.
El gobierno por su parte, argumenta que los precios de la luz no redujeron con la reforma y participación privada, y el renovable recibe el diferencial entre su precio y el que fija la planta más cara.
Además, el gobierno destaca la labor social que juega la CFE, llevando energía a las zonas donde los privados no llegan, por no ser rentable, así como la atención que se da en los momentos de desastres naturales.
AMP