A Niuris Higueras, la propietaria de Atelier, un de los restaurantes más populares de La Habana, en Cuba, le complace que más ciudadanos tengan la oportunidad de perseguir su “sueño” de una empresa privada en la isla de régimen comunista, después de que hace dos semanas, el gobierno dijo que va a reanudar la emisión de licencias de negocios, entre ellas para los bares.
Pero la propietaria de Atelier, tendrá que esperar un poco más para cumplir su sueño de atraer más clientes y construir una nueva cafetería. Además de la caída en el número de visitantes estadounidenses, el gobierno ahora restringe a los restaurantes a 50 clientes, y a los propietarios a un solo negocio.
“Estos límites no son la forma cómo funciona un negocio”, dice. “Un día puedes tener pocos clientes y al siguiente la posibilidad de tener más de 50. Tiene que cambiar. Sigo soñando y mantengo las esperanzas”, comenta la dueña de Atelier.
Hace dos semanas, Cuba anunció que reanudaría la emisión de licencias para restaurantes, hostales, taxistas y algunas otras actividades privadas en diciembre, poniendo fin al periodo de espera de 16 meses. Pero también emitió 129 páginas de nuevas regulaciones que buscan limitar las utilidades y aumentar los ingresos fiscales.
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A los empresarios se les limitará de manera retroactiva a un solo negocio, los restaurantes a 50 lugares y los hostales pueden esperar más inspecciones y tal vez límites en el número de habitaciones que pueden alquilar.
Las medidas son el giro más reciente en la crisis de identidad intermitente del país sobre la acumulación de capital, que permitió a regañadientes en un esfuerzo por suavizar los problemas económicos en la era postsoviética.
Los ingresos por divisas cayeron de forma precipitada desde que el desplome de los precios del petróleo desató una implosión económica de su benefactor, Venezuela, en 2015, lo que ocasionó recortes en la importación y asignación de energía a las entidades estatales, pagos tardíos a los proveedores, estancamiento económico y escasez esporádica.
A los restaurantes privados se les permitía solamente 12 lugares en la década de 1990, a lo que le siguió una suspensión de licencias por una década. Después, los lugares aumentaron a 20 y más tarde a 50. En la actualidad, los restaurantes habían logrado sortear ese límite al sacar una segunda licencia. Las nuevas reglas lo prohíben.
El “sector no estatal” de Cuba es una mezcla de propietarios de pequeñas empresas, sus empleados y personas que venden sus mercancías en el mercado abierto. Aumentó de 157,000 en 2010 a 592,000, o 13% de la fuerza laboral. Existen alrededor de 2,200 restaurantes privados en el país y solamente 7,000 empresarios tienen más de una licencia.
El país comenzó a debatir una reforma de su Constitución de 1976, cuyo borrador incluye, por primera vez desde de la revolución, el reconocimiento de los mercados y la propiedad privada, según el periódico Partido Comunista Granma.
Los observadores respiraron con alivio, ya que bajo las nuevas regulaciones el sector privado no corriera la misma suerte que la agricultura, donde las reformas de mercado que inició el expresidente Raúl Castro en 2010 para “modernizar” la economía dirigida al estilo soviético, se eliminaron a favor del antiguo monopolio estatal en la distribución de alimentos.
“Estas medidas son más políticas que económicas. Su objetivo es tranquilizar a los elementos más conservadores, a quienes les preocupa la expansión del sector y las desigualdades”, dice Pavel Vidal, exanalista del banco central de Cuba.
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Restaurantes privados hay en Cuba.
Las empresas a menudo recurren al mercado negro debido a los grandes sobreprecios en las tiendas minoristas estatales y el suministro errático. La promesa del gobierno de abrir puntos de venta al por mayor no se ha hecho realidad.
Para tener un mejor seguimiento sobre los ingresos con fines fiscales, las pequeñas empresas ahora tendrán que abrir cuentas bancarias especiales y manejar la mayor parte de su negocio a través de ellas.
“Simplemente tratan de exprimirnos más”, dice el dueño de una tienda de bocadillos en un barrio rudo lejos del sector turístico de La Habana.
Muchos de los 6,000 choferes del Museo del Automóvil de La Habana, que abiertamente operan taxis grupales, expresaron su enojo y ansiedad por las nuevas reglas.
Se verán obligados a comprar una cantidad mínima de combustible de las gasolineras estatales con grandes sobreprecios, además de pagar una cuota mensual de ganancias estimadas y una regulación podría limitar sus licencias a los municipios o provincias.
“Esto es un desastre, es una estafa. Quieren controlar todo y nada cambia”, dice el conductor de un taxi comunitario.