La expedición de licencias para agentes inmobiliarios en Tamaulipas está estancada, al estar pendiente por parte de la autoridad estatal los lineamientos para entregarse a cerca de 6 mil profesionistas del ramo repartidos en todo el territorio, cuyo impacto se refleja en el riesgo de las operaciones de compra y venta de inmuebles.
Jorge Torres, coordinador de la Ley en la entidad y ex presidente de la Sección Tampico de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), que el cambio de administración estatal tiene detenido la emisión del documento cuya función es dar certeza a los clientes para adquirir una casa o negocio.
“En la zona sur del estado hay 2 mil asesores obligados en trabajar bajo una licencia, mientras en el estado calculamos cerca de 6 mil los profesionistas en esta actividad- Es un número importante y va en aumento; evidentemente, eso tenemos la necesidad de regular y se alineen con toda la normatividad vigente”, explicó.
Se hace oficial
Esto fue autorizado por el gobierno estatal dentro del reglamento de operación de la referida ley, publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas en septiembre pasado. Dicho organismo con representatividad en Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria, expusieron como siguiente fase encontrar el mecanismo para darse esta licencia, pero con la renovación de la administración pública, está en vilo.
“Nosotros deseamos que a partir de este año funcione como tal la Ley Inmobiliaria y sea con la expedición de las licencias para los agentes. Falta sentarnos con la autoridad, en este caso la Secretaría de Finanzas y mandar a hacer el diseño y el documento, es lo básico, lo más difícil ya se hizo”, declaró Jorge Torres.
Realizan conferencia
Dicho tema como otros fueron expuestos en el Foro legal Inmobiliario organizado por AMPI Tampico este martes en la Facultad de Ingeniería, dirigido a socios encabezados por la presidente Verónica González.
Junto a Jorge Torres participaron como ponentes Karim Oviedo, director del Comité Nacional de Trabajo de Derecho Inmobiliario y Fernando Ruiz, director en la región Golfo Norte de la procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al plantear la norma NOM 247, así como Manuela Barajas, abogado corporativo en prevención de lavado de dinero y y delitos fiscales.
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