Se reformó el Código Penal del Estado para establecer el delito de cobranza ilegítima, con el objetivo de proteger a la ciudadanía de prácticas abusivas, intimidatorias y fuera del marco legal.
La iniciativa que analizó la Comisión de Justicia en Durango fue presentada en su momento por la diputada Sughey Torres Rodríguez, con la finalidad de proteger a las personas que, por diversas circunstancias, han incurrido en morosidad.
La propuesta busca salvaguardar a la población frente a actos de cobranza extrajudicial realizados por particulares que, al pretender ejercer un derecho, recurren a prácticas de coacción y amenazas.
Prácticas de cobranza que se busca erradicar
Entre las conductas más comunes que se pretende erradicar se encuentran las llamadas en horarios nocturnos, de madrugada o durante fines de semana, así como el envío de cartas intimidatorias a domicilios particulares y centros de trabajo.
También se incluyen la simulación de documentos o actos judiciales o administrativos, así como la atribución indebida de facultades que corresponden exclusivamente a una autoridad.
Las y los legisladores reconocieron que, si bien en los últimos años se ha incrementado la celebración de operaciones financieras, como compraventas, inversiones, financiamientos o préstamos, también ha aumentado el número de adeudos impagados.
Este escenario ha propiciado la intervención de despachos de cobranza, cuya labor, señalaron, debe realizarse dentro de los límites legales y con pleno respeto a los derechos humanos.
Protección de derechos y efectos sociales
En este sentido, se indicó que diversas prácticas de cobranza han sido cuestionadas por su falta de ética y legalidad, al recurrir a amenazas, hostigamiento, presión psicológica y divulgación indebida de información personal.
Estas acciones, subrayaron, representan una violación a los derechos fundamentales de las personas afectadas por este tipo de procedimientos.
Cabe destacar que dichas conductas no solo generan afectaciones legales, sino también impactos psicológicos y sociales, como altos niveles de estrés, ansiedad y afectaciones a la estabilidad familiar y económica.
Por ello, la tipificación de la cobranza ilegítima fue considerada un avance significativo en la protección de los derechos de las y los duranguenses.
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