Hace 30 años, México era un país con un precio del dólar que se establecía por decreto, los ahorros en los bancos no estaban protegidos y la economía no estaba abierta a la exportación. Todo eso cambió con el llamado “error de diciembre”, que a nivel internacional sería conocido como el “efecto tequila”. Cuando de un día a otro el peso se devaluó 43.5 por ciento frente al dólar y eso generó una caída mayor a 6 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en 1995.
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De acuerdo con especialistas, a partir de ese momento cambió por completo el país en los siguientes años: el Banco de México (Banxico) obtuvo autonomía, el peso se mantiene en un régimen de libre flotación, se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que heredó la sangrante deuda que adquirió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para rescatar a los ahorradores, bancos y la economía, y lo más importante es que se pusieron candados y regulaciones con los más altos estándares internacionales para regular al sistema financiero mexicano.
“La competitividad regional y su relación con la calidad de las regulaciones ascendió en la lista de prioridades políticas tras ese día (...) la aceptación de México en la OCDE (en mayo de 1994) ayudó al proceso”, dijo Josef Konvitz, profesor honorario de Educación en la Universidad de Glasgow, en su estudio llamado “Infraestructura, deuda y desarrollo: Lecciones actuales de la crisis mexicana de 1994-1996”.
El negocio bancario en el país es uno de los más sólidos y rentables del mundo en la actualidad, eso lo demuestra la creciente utilidad en el mercado de Santander, BBVA, Scotiabank, entre otros ; pero la huella de ese diciembre de 1994 sigue viva.
El IPAB registra una deuda neta al cierre a 2023 por 994 mil millones de pesos, equivalentes a 3.97 por ciento del PIB, cinco veces el costo de la deuda que dejó la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (196.35 mil millones de pesos) o todo el dinero que la administración anterior invirtió en Pemex.
Josef Konvitz también remarcó que después de 1994 se aprendió la importancia de mantener reservas internacionales adecuadas en Banxico y una política cambiaria sólida.
“Se aprendió la necesidad de definir prioridades económicas a largo plazo, (...) Una de las principales disyuntivas de la estrategia de la liberalización de 1994 se relaciona a si se debían seguir las prioridades macroeconómicas (control de la inflación, del déficit fiscal y la atracción de inversión extranjera) o el crecimiento económico”, dijo Enrique Dussel Peters en su artículo “La crisis mexicana: ¿Últimas diez lecciones?”, publicado en Nexos, una revista de análisis y política en 2008.
Así fueron esos días
En la mañana del 20 de diciembre de 1994. La economía andaba mal y había que arreglarla. La solución que se le ocurrió al gobierno del nuevo presidente Ernesto Zedillo fue devaluar la moneda y mantener al peso en “una banda de flotación”. Pero el error no fue ése, sino comunicarlo a empresarios y banqueros, que usaron la información para comprar dólares al por mayor, blindar sus bienes y sacar su dinero del país.
El expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros críticos del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León argumentan que, aunque la depreciación era necesaria, se manejó incorrectamente en términos políticos al haber adelantado sus planes en materia de política monetaria, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos.
“Esta información resultó letal, pues los empresarios la utilizaron para cubrir sus deudas en dólares. Aquellos dirigentes supieron en ese momento que el gobierno estaba dispuesto a devaluar más allá de lo permitido por la banda; sin embargo, insistieron en evitar la libre flotación”, narró Salinas en su libro “México, un paso difícil a la modernidad”.
En diciembre de 1994 el peso se devaluó en más de 45 por ciento, algo nunca antes visto y que sigue sin presentarse, pues los inversionistas extranjeros, alarmados por la decisión, comenzaron a retirar masivamente sus fondos del país, además de que comenzaron a cobrar los bonos que emitió la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Pero a nivel de la población lo que ocurrió fue devastador: las familias perdieron sus casas, autos y bienes por tener que pagar una tarjeta de crédito, debido a que las tasas de interés se fueron al cielo para controlar la hiperinflación.
En ese entonces, los créditos hipotecarios no tenían una opción de tasa fija como hoy, se incrementaron casi día con día. Quienes por su actividad o negocio tenían compromisos en dólares terminaron en quiebra. El desempleo se agudizó, la migración se volvió exponencial buscando mejores oportunidades de vida sobre todo en Estados Unidos. Casi desapareció la clase media y aumentó la pobreza.
El patrimonio de muchos se evaporó en días. Pero también se concentró el de otros que aprovecharon la compra de casas, empresas, joyas, lo que agravó la disparidad del ingreso y el nivel de vida en el país.
Para entender cómo fue que todo tronó ese día, es necesario ir un poco más atrás, hablar de cómo el gobierno comenzó a privatizar empresas entre ellas la banca permitiendo que nuevos empresarios se hicieran cargo de ella y que comenzaron a dar créditos sin control y tampoco sin los fondos necesarios para respaldar los préstamos.
Lo único que existía era el Fobaproa, creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para proteger a los ahorradores bancarios. Su objetivo era enfrentar posibles crisis financieras que pudieran poner en riesgo la liquidez de los bancos , pero sin mayor regulación sobre las instituciones.
A esto se le suma que a inicios de 1994 comenzaron a salirse capitales del país ante la inestabilidad política que se presentaba, como el surgimiento del movimiento zapatista de liberación nacional (EZLN) y el magnicidio del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.
El gobierno para cubrir la fuga y mantener el buen ambiente previo al proceso electoral de ese año, comenzó a emitir tesobonos en dólares y a tasas por encima del mercado , mismos que después del error de diciembre le costarían muy caro al país pues se desplomaron las reservas internacionales del Banxico en más de 50 por ciento anual para pagarlos.
Esto incrementó las tasas de interés de golpe impactando a los bancos pues volvió los créditos impagables y sin fondos para darle su dinero a los ahorradores, dejándolos al borde de la quiebra.
Y se quedó la deuda
Para enfrentar esta situación, el poder legislativo aprobó ser más estricto con los bancos con nuevas regulaciones así como activar el Fobaproa, misma que asumió las deudas de todos los mexicanos, tanto personas morales como físicas, lo que fue muy criticado por diferentes grupos políticos del momento y le sumó miles de millones de pesos a la deuda nacional.
Ya en 1999 el Fobaproa evolucionaría a lo que actualmente se conoce como IPAB, misma que al cierre de 2023 ya maneja una deuda neta nominal de 994 mil millones de pesos, aunque dicen que de 2018 a 2023 los pasivos netos a su cargo se redujeron 14.24 por ciento en términos reales.
En la actualidad, los quebrantos financieros no se extinguen, pero el IPAB ofrece protección por hasta 300 mil pesos a los ahorradores en general y de hasta 2.5 millones de pesos en otros. La moneda mexicana no recupera el valor de esos tiempos , pero su flotación permite un mejor crecimiento con una economía abierta al comercio y los mercados internacionales.
La dimensión exacta de lo que aún se debe de aquellos días no es clara, pero las huellas todavía son visibles.
AG