Para Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de estudios para el Empleo Formal (CEEF), la solución no es eliminar la subcontratación de terceros –mejor conocida como outsourcing– en el país, ya que crearía una baja credibilidad para los inversionistas nacionales e internacionales, que recurren a este esquema para contratar talento, además de pérdidas millonarias.
Señaló que la propuesta de desaparecer el outsourcing, que se sigue discutiendo entre el ejecutivo y la Iniciativa Privada, es una señal de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no conoce el esquema y tampoco aplica la ley, porque también el gobierno federal subcontrata a través de este modelo laboral.
- Te recomendamos La lista de Pueblos Mágicos de Hidalgo, orgullo nacional Negocios
“La eliminación del outsourcing restaría competitividad económica a México, pues a la fecha suman más de 170 mil los empleados tercerizados que generan una derrama de dos mil millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 900 mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).
“La solución es supervisar, vigilar y sancionar, porque el reto es no hacer válidas las Leyes existentes. Los ejercicios de simulación y evasión se dan por carecer de facultades para sancionar, e incluso, contar con el número suficiente de inspectores para hacer el trabajo de supervisión”, expuso Leñero Llaca.
Explicó que la solución es más sencilla “y está en la cancha del gobierno, ya que, por ser un trabajo subordinado ya está asentado en la Ley General del Trabajo que ya obliga a cualquier que sea patrón a que pague todas las prestaciones a las que tiene derecho el trabajo: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo que están dados de alta en el Seguro Social, Infonavit, que tenga derecho a la capacitación, derecho a la seguridad, a la sindicalización.
“Por lo tanto, lo único que hay que hacer es que la autoridad haga su trabajo y esto es cumplir y hacer cumplir la ley, porque el mismo gobierno cae, en muchas veces en que tiene trabajadores con una relación personal subordinada y les paga por honorarios u ocupa empresas por subcontratación y no les pagan al cien por ciento, por lo que tiene que cumplir también la ley.
“Prohibir la subcontratación en los términos que indica la iniciativa, que por un lado no lo hace y por otro sí, porque abre una figura que también es subcontratación que le llaman trabajo especializado, entonces esto es contradictorio”, indicó.
Leñero Llaca recordó que de los 34.4 millones de personas que tienen un trabajo en calidad de personal-subordinado, actualmente 12 millones se encuentran en la informalidad total.
“No por querer prohibir la subcontratación van a eliminar el problema de la informalidad, porque van a seguir evadiendo las cargas obrero patronales, las prestaciones por lo que no es la solución.
“Son actividades que se siguen ocupando y se necesitan, y lo que va a pasar es que muchos empleos, aproximadamente 3 millones formales, pasarán a la informalidad”, advirtió.
El CEEF avala propuestas como el hecho de que en el régimen de contratación no se facture el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de esa manera las ‘factureras’ no podrán beneficiarse; por otra parte, que se dé un giro a los repartos de utilidades hacia bonos de productividad para que las empresas no puedan eludir sus responsabilidades.