Las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos podrían enfrentar una mayor carga de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2027, incluso cuando operen con márgenes reducidos, debido a los nuevos límites fiscales contemplados en el Paquete Económico, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Aunque la propuesta no incorpora nuevos impuestos ni incrementos generales en las tasas, el organismo empresarial señaló mediante un comunicado que las modificaciones amplían la base del ISR para las personas morales que rebasen ese nivel de ingresos y establecen restricciones a las deducciones así como a la amortización de pérdidas fiscales.
“Aunque se concentran en empresas que superan dicho umbral, pueden afectar a aquellas que, aun con altos ingresos, operan con márgenes reducidos. Esto podría generar una utilidad fiscal y una obligación de ISR distinta a su realidad financiera, afectando especialmente a empresas endeudadas, reduciendo los incentivos para invertir e incluso limitando su supervivencia”, advirtió.
Para Coparmex, el aumento de la recaudación forma parte del equilibrio planteado para las finanzas públicas en 2027, ya que esto depende precisamente de conseguir más ingresos tributarios.
La expectativa es que éstos incrementen 5.9 por ciento en términos reales y lleguen a representar 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), quievalente a un máximo histórico.
Déficit seguirá por encima de inversión pública
A la vez, la Confederación dijo que a la presión recaudatoria se suma un margen cada vez menor en el gasto, esto debido a que en 2027 se plantea reducir el déficit de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB; sin embargo, este nivel todavía será superior al 2.9 por ciento del PIB destinado a inversión pública.
Ante ello, Coparmex consideró que esta diferencia evidencia que el endeudamiento no se está utilizando únicamente para financiar proyectos capaces de generar crecimiento futuro.
“Aunque el déficit baja de 4.1 por ciento a 3.9 por ciento del PIB, supera el 2.9 por ciento del PIB que se destina a inversión pública: en los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”, sostuvo.
Además apuntó que el saldo total de la deuda pública llegará a 55 por ciento del PIB, el cual es el porcentaje más alto desde 1990, por lo que la Confederación consideró necesario que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas así como la inversión productiva.
Otro de los factores que reduce el margen para distribuir los recursos es el costo de mantener esa deuda, por lo que para 2027 alcanzará 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8 por ciento.
Además, el gasto en pensiones ascenderá a 2.48 billones de pesos, equivalente a 6.2 por ciento del PIB y a aproximadamente dos de cada diez pesos contemplados en el presupuesto.
En conjunto, estos compromisos dejan menos espacio para destinar recursos a otras áreas y obligan, de acuerdo con la organización empresarial, a elevar la eficiencia con la que se utiliza el dinero público.
Paquete 2027 depende de crecimiento y recaudación
Para alcanzar las metas fiscales, Coparmex advirtió que no bastará con incrementar los ingresos tributarios: también deberán cumplirse las previsiones de crecimiento y contenerse las presiones inflacionarias y financieras.
En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó su expectativa de crecimiento económico para 2027 a un rango de 1.5 a 2.5 por ciento, frente al intervalo previo de 1.9 a 2.9 por ciento.
Además, Coparmex consideró positivo que la estimación sea ahora más cercana al 1.8 por ciento previsto por el mercado, aunque señaló que el bajo ánimo para invertir y las condiciones actuales de la economía representan un obstáculo para alcanzar incluso esos niveles.
“El cumplimiento de las metas fiscales depende de un mayor crecimiento, menores presiones inflacionarias y financieras, y una recaudación tributaria que aumentaría 5.9% real hasta alcanzar un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB. Si estos supuestos no se cumplen, el Gobierno enfrentará menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio”, alertó.
En ese escenario, el ajuste tendría que absorberse mediante un mayor déficit y deuda o reduciendo el espacio disponible para rubros como seguridad, salud, educación e infraestructura.
Por ello, la organización pidió incorporar escenarios alternativos y mecanismos transparentes de ajuste para evitar que una desviación de las previsiones termine sacrificando la inversión productiva o servicios públicos esenciales.
Más recursos para seguridad, educación y salud
Dentro del gasto previsto para 2027, Coparmex reconoció los incrementos reales de 3.9 por ciento para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 6.6 por ciento para la Secretaría de Educación Pública; 4.8 por ciento para la Secretaría de Salud, y 9.8 por ciento para el IMSS.
Sin embargo, aclaró que esperará la publicación de los datos abiertos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 para revisar las partidas específicas y determinar cómo se distribuirán esos aumentos.
También destacó la reducción de 12 por ciento en el costo del espectro radioeléctrico, una medida que la Confederación asegura haber planteado desde 2024 para impulsar la conectividad.
Según el organismo, el costo del espectro también coincide con una de las barreras no arancelarias identificadas por Estados Unidos durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Plantea crear Consejo Fiscal Independiente
Frente a los riesgos que rodean las proyecciones para 2027, Coparmex propuso crear un Consejo Fiscal Independiente con autonomía técnica para revisar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública.
“No sustituiría las facultades de la SHCP ni del Congreso: aportaría una valoración imparcial de las proyecciones oficiales, permitiría anticipar desviaciones a tiempo y fortalecería la credibilidad de la política fiscal”, explicó.
La Confederación también respaldó el combate contra quienes emiten y adquieren facturas falsas, tanto en el sector público como en el privado, pero pidió evitar medidas generales que terminen alcanzando a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.