Las empresas que se nieguen a cerrar de forma temporal y que están consideradas como no esenciales ante la emergencia sanitaria en la fase 3 por coronavirus, podrían tener consecuencias legales, advirtió Félix García Díaz, encargado de despacho de la oficina de Representación Federal del Trabajo en Puebla.
Al participar en la videoconferencia “Mundo Laboral ante situaciones de emergencia”, el encargado de despacho informó que, de 200 inspecciones a empresas, en diez casos los propietarios se negaron a cerrar pese a que están en sectores no esenciales.
Explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene activo un programa de inspección para vigilar que los centros laborales cumplan con el acuerdo federal que entró en vigor el pasado 30 de marzo y garanticen condiciones de salud a los empleados.
Asimismo, aclaró que el área laboral no tiene la facultad para cerrar empresas, ya que corresponde a las autoridades sanitarias, sin embargo, en determinados casos se les hace un exhorto para que suspendan actividades y acaten la medida de orden federal.
“No hemos cerrado ninguna empresa, se les ha invitado a suspender actividades y de manera voluntaria han accedido. En Puebla llevamos un aproximado de 200 inspecciones de las cuales el 98 por ciento han accedido a suspender actividades”.
Sin detallar los sectores que incumplen con las medidas preventivas, el representante comentó que las empresas pueden ser sujetas a clausuras, sanciones legales o investigadas por delitos contra la salud, por lo que en cada caso deben demostrar que tiene autorización para operar durante la emergencia.
“Nos preocupa la situación que impera en las empresas, desde luego hay empresarios responsables que atendieron la suspensión que se decretó por parte de la federación, pero también los hay, pocos, pero los hay, que no están respetando esa suspensión y nos toca como autoridad laboral vigilar que las empresas que no deban de trabajar no lo estén haciendo por la salud de los trabajadores”, dijo.
Advirtió que habrá “mano dura” contra las empresas que incumplan los lineamientos. Comentó que los trabajadores pueden denunciar de manera anónima a su centro de trabajo si consideran que se viola la orden federal de salud, si fueron suspendidos de sus labores o resultan afectados por una disminución en su salario.
“En lo laboral habrá mano dura con empresas que no acataron el acuerdo de suspensión, las multas que la ST imponga derivado de los procedimientos administrativos que se implementen no serán menores”, finalizó.
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