El gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, aprobó el “Plan de Respuesta” al impacto económico de la guerra en Ucrania, propuesto por el presidente Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto bélico.
El gobierno vuelve a restringir el despido por ley, en esta ocasión para intentar que las empresas afectadas por la guerra en Ucrania no echen a su personal por el aumento del costo de la energía. El objetivo es que las compañías con problemas acudan al mecanismo de ajuste estrella de la pandemia: los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporal).
Además, se incluye la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas, y el establecimiento de un límite del 2 por ciento a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.
Este plan de choque tendrá un coste de 16 mil millones de euros y se extenderá hasta el 30 de junio. Tendrá un impacto de unos 6 mil millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10 mil millones en créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para amortiguar el impacto de la crisis.
Está basado en cinco ejes principales:
- Ayudas a familias, trabajadores y desplazados;
- Ayudas al tejido empresarial;
- Medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y
- Medidas en materia de energía.
En el apartado de las medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.
El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores, gesto que el presidente agradeció ayer públicamente.
Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2 por ciento en los próximos tres meses, así como el aumento del 15 por ciento en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.
Se extenderá a 600 mil familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1.9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohíben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.
En lo que respecta a la parte energética del plan de respuesta a la guerra, el presidente Pedro Sánchez anunció que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida excepcional y temporal para fijar un precio de referencia del gas, cuyo importe no precisó, tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una excepción ibérica que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.
Al mismo tiempo, el “Plan Nacional de Respuesta a la guerra” actualizará el régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supondrá una rebaja de los cargos del sistema eléctrico próxima a los mil 800 millones de euros este año y que permitirá que dichos cargos se reduzcan hasta 55 por ciento en 2022.
En tercer lugar, el gobierno incluirá en este plan la extensión hasta 30 de junio del mecanismo para reducir el exceso de los beneficios de las eléctricas causado por el elevado precio del gas en los mercados internacionales (los llamados “beneficios caídos del cielo”), aunque “con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas”.
Estas tres medidas se verán complementadas con otras de carácter regulatorio para fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro.
En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el presidente anunció una nueva línea de avales de créditos ICO por 10 mil millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.
Además, se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.
Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero.
Para la industria gran consumidora de energía habrá una dotación de 500 millones de euros para compensar los peajes en 80 por ciento, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector.
El gobierno impulsará además el plan acordado con los principales representantes del sector del transporte, que supone la inyección de más de mil millones de euros. Este sector se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible.
También el Ejecutivo socialista aprobó un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, o ambulancia.
MRA