El gobierno de Estados Unidos culpa a las autoridades en México de frenar la persecución contra la piratería y la violación de los derechos de autor.
“Las autoridades mexicanas solían realizar redadas de aplicación de la propiedad intelectual en los mercados incluidos en la Revisión de mercados notorios por falsificación y piratería (Lista de mercados notorios) como La Pulga Río, Mercado San Juan de Dios y Tepito, pero esta actividad de aplicación parece haber cesado en años recientes”, apuntaron en su Informe especial 301 de 2023 que realiza la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Apuntan que las investigaciones penales y los enjuiciamientos por falsificación de marcas registradas y piratería de derechos de autor parecen ser inexistentes, “y la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado ninguna estadística de aplicación de la propiedad intelectual durante los últimos tres años”.
Remarcaron que los titulares de derechos informan que la FGR ha impuesto una prohibición interna de buscar órdenes de allanamiento en casos de piratería, lo que elimina una herramienta esencial en las investigaciones.
“Si bien las acciones administrativas contra los falsificadores a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) siguen siendo efectivas, son muy limitadas debido a los recortes presupuestarios y de personal”, destacaron.
En cuanto a la fiscalización en frontera, el gobierno de Estados Unidos apuntó que la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) facilitó 493 casos contra la importación de mercancías falsificadas.
“Sin embargo, la efectividad de la ANAM también se ve limitada por su incapacidad para tomar determinaciones, incautar o destruir las mercancías falsificadas sin una orden del IMPI o la FGR”, explicaron.
Las partes interesadas continúan planteando problemas en curso relacionados con las presentaciones y registros de marcas registradas de mala fe.
En cuanto a la aplicación tanto del contenido pirateado como de los productos falsificados, las autoridades del país extranjero remarcaron que México opera con recursos reducidos para numerosas agencias gubernamentales.
“Para combatir los crecientes niveles de infracción de la propiedad intelectual en México, Estados Unidos alienta a México a restaurar el financiamiento para la aplicación de la ley federal, estatal y municipal, mejorar la coordinación entre los funcionarios federales y subfederales, enjuiciar más casos relacionados con la propiedad intelectual e imponer sanciones de nivel disuasorio contra los infractores.
“Los titulares de derechos también expresan su preocupación por la duración de los procedimientos administrativos y judiciales de infracción de PI y la persistencia de la infracción continua mientras los casos siguen pendientes”, explicaron.
Dicen que a los titulares de derechos también les preocupa que, en los procedimientos administrativos por infracción, las medidas preliminares aún puedan levantarse si el presunto infractor deposita una contrafianza, donde las contrafianzas se valoran a niveles no disuasorios.
Con respecto a las indicaciones geográficas (IG), Estados Unidos insta a México a garantizar la transparencia y la equidad procesal en la protección IG y garantizar que la concesión de la protección de la IG no prive a las partes interesadas de la capacidad de usar nombres comunes, en particular con respecto a la protección concedida en virtud de acuerdos comerciales.
Culpa a proveedores de internet
La aplicación civil de los derechos de autor en contenido digital en México es difícil y costosa debido a la falta de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet, además de que se pide demostrar daños preestablecidos, recuperación de ganancias perdidas, recuperación de honorarios de abogados y largos procesos judiciales, dice el gobierno de Estados Unidos.
En su Informe especial 301 de 2023 que realiza la Oficina del Representante Comercial de ese país apuntó que a medida que aumenta el acceso a la banda ancha, la piratería en línea ha ido en aumento, y las partes interesadas informan que México tiene una de las tasas más altas de piratería de música y videojuegos en el mundo.
Cabe mencionar que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la penetración del servicio de banda ancha fija en México tuvo un incremento anual de 5 por ciento, con cifras a junio de 2022, con lo que se ubica entre los países miembros con mayor crecimiento en el mismo periodo, solo por debajo de Chile, Eslovaquia y Turquía.
“Una barrera para la aplicación penal eficaz de los derechos de autor es el requisito de demostrar un beneficio económico directo para el infractor y la presentación de una copia física legítima del contenido pirateado, incluso si las copias pirateadas se distribuyeron en línea”, destacaron.
El requisito de “beneficio económico directo” también impide la ejecución penal efectiva contra actos de piratería sin fines de lucro, como la interrupción y distribución de señales de cable y satélite.
Además, las partes interesadas informan que las autoridades mexicanas no están haciendo cumplir ciertas disposiciones de la Ley de derechos de autor, mientras que una impugnación constitucional de la Ley de derechos de autor sigue sin resolverse ante la Corte Suprema de Justicia de México.
“México continúa sufriendo tasas muy altas de piratería de derechos de autor, incluso a través de la transmisión en línea, el intercambio de archivos entre pares, las descargas directas, la extracción de transmisiones, los dispositivos y aplicaciones de transmisión ilícita, los dispositivos de elusión para videojuegos y consolas, y los medios físicos”, remarcaron.
AMP