Después de que se diera a conocer la iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno y participantes privados del sector energético de Estados Unidos han emitido 22 extrañamientos por violaciones al T-MEC que supone dicha propuesta.
La directora general de la American Chamber of Commerce of México (Amcham), Ana López Mestre, dijo que con la aprobación de la reforma se afectará la confianza con inversionistas, al cancelar permisos y contratos antes de tiempo, afectando legalmente el derecho de las partes.
Durante su participación en el foro del Parlamento Abierto dónde se discute la iniciativa, Ana López añadió que la reforma compromete la transición energética y cadenas de suministro, en un sector donde cada vez se necesita más inversión y más capacidad de energía limpia.
"Si México no es capaz de proveer esa energía limpia, estas empresas no podrán seguir operando en el país. Dejaremos pasar la oportunidad de atraer inversiones. Con la renegociación del tratado no sólo se ratificó un modelo del comercio sino que además vemos a la energía y sustentabilidad como pilares de la visión regional", expuso.
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Por su parte. uno de los renegociadores del T-MEC, Kenneth Smith, dijo que México enfrentará represalias comerciales y demandas millonarias para el país en caso de que se apruebe la iniciativa.
Añadió que existe una alta incertidumbre de qué va a pasar el día siguiente que entre en vigor la ley, y dijo que los problemas específicos que busca atacar la administración, de legalidad y corrupción, están contemplados en el T-MEC, por lo que no es necesaria una reforma.
Dijo que si las empresas deciden apegarse a los capítulos de solución de disputas, tarde o temprano habrá una decisión, y por lo que se ve en todos los diferentes capítulos que se violan, no será favorable para México.
Por su parte, Almudena Otero de la Vega, abogada de litigios estratégicos en la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Oficina de Abogado General de la CFE, dejó en claro que México se reservó el derecho de hacer modificaciones a sus leyes. Existen tres estándares para evitar daños a inversiones y trato no discriminatorio contemplados en el T-MEC.
AMP