El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Senado a revisar la iniciativa de la defraudación fiscal a través facturas falsas, para evitar que por imprecisiones se afecte a los contribuyentes que cumplen y así se genere incertidumbre jurídica para la inversión en México.
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En un comunicado, el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín, señaló que el sector empresarial apoya la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, por lo que seguirá aportando argumentos para lograr ajustes que mejoren la reforma y eviten afectar a los contribuyentes de buena fe.
"La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal y hemos trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla. Sin embargo, en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal del país" advirtió.
Explicó que la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.
"Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que solo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del estado", resaltó.
En ese sentido el CCE consideró que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas.
Agregó que algunas conductas indebidas en materia fiscal, pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos; "con esta ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial".
"Sin estas precisiones y adecuaciones, la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales, de que se pueda dar un acto arbitrario de la autoridad que ponga en peligro su integridad personal y sus bienes, generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión", afirmó el CCE.
MRA