La familia mexicana Del Valle, uno de los principales accionistas del Banco Popular, ya no puede apelar luego de que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desestimara precisamente el arbitraje que interpuso por la pérdida de su inversión tras la resolución del banco en 2017. En concreto, reclamaba 700 millones de euros.
“A nivel jurídico La Haya es la última instancia, el último extremo. Ha sido el último organismo donde se ha podido recurrir y no hay más esperanzas. Es un tema muy delicado, pero no hay más posibilidades de recurrir. Jurídicamente después de La Haya, ya no hay más”, explicó a MILENIO Massimo Cermelli, profesor titular del Departamento de Economía de la Deusto Business School.
Consideró que la decisión de La Haya en el caso del Popular ya se esperaba porque “se había pasado ya por todos los tribunales. Creo que el documento (dado a conocer por el Gobierno de España) lo resume muy bien al final cuando señala que el riesgo sistémico premia solo los intereses de todos los inversores”.
“Cuando tienes un banco que puede quebrar y puede generar una inestabilidad financiera lo que pasa a segundo plano son los diferentes acreedores. Queda claro que lo primero siempre son los accionistas y después vienen los que tienen las obligaciones colaterales”, detalló el experto.
En junio de 2017, el Banco Central Europeo declaró inviable el Banco Popular al considerar que su situación se había vuelto insostenible debido a la falta de liquidez por la fuga de depósitos que había sufrido ante la incertidumbre sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la autoridad de resolución competente, la JUR, decidió resolver el banco y a través de un proceso de subasta, pasó a manos de Santander por la simbólica cantidad de un euro.
Fue la primera vez que la Unión Europea (UE) intervenía un banco. También fue la primera ocasión en la que las autoridades europeas decretaban que los accionistas y bonistas fueran los que rescataran al banco, lo que provocó una avalancha de reclamaciones por parte de los inversores y tenedores de deuda para tratar de recuperar parte de su inversión.
La familia mexicana Del Valle era uno de los principales accionistas del Popular, ya que controlaba 4 por ciento del capital. Al considerar que se había visto perjudicada por el proceso al perder su inversión en el banco, interpuso un arbitraje por el que reclamaba 700 millones de euros, alegando que España había incumplido sus obligaciones internacionales por las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de resolución.
El miércoles el gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos español, dio a conocer que “en el procedimiento arbitral iniciado frente al Reino de España al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, España ha obtenido un laudo favorable”.
La Haya desestimó todas las pretensiones de la familia del Valle y acogió los argumentos defendidos por España. “Los tres árbitros han acogido de forma unánime los argumentos del Reino de España al validar la actuación de todas las instituciones vinculadas al proceso de subasta de Popular y su adquisición por Santander: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y Ministerio de Economía”, señaló el comunicado de dicho ministerio.
La Audiencia Nacional cerró la semana pasada la instrucción de la caída del Banco Popular, tras iniciar la investigación en el otoño de 2017. Antonio del Valle, que formó parte del consejo de administración del banco bajo la presidencia de Emilio Saracho, está imputado en la causa como miembro del consejo con Saracho por un presunto delito de manipulación de mercado. También está imputado el anterior presidente, Ángel Ron, y su último consejo.
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MRA