A siete años de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) destapara el fraude millonario cometido a ahorradores de Ficrea y que aún no se resuelve, los afectados solicitaron una reunión con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
En conferencia, Javier Paz, presidente de la comisión de ahorradores, jurídica y de enlace de los afectados en el caso Ficrea, dijo que aún están a la espera de poder recuperar los recursos depositados en la extinta entidad financiera, luego de que en días pasados el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiera al nuevo titular de la UIF se continúe investigando el caso.
Explicó que los ahorradores tienen en su poder un documento en donde se acredita 7 mil 6 millones de pesos en activos, cantidad que es suficiente para poder pagar a todos los ahorradores y a sus familias los recursos ahorrados.
“Nosotros hemos acudido a todas las instancias jurídicas y extrajurídicas buscando solucionar el problema, el último paso fue acudir a instancia de tres ahorradores llegara a voz del presidente de la República quien instruyó que la UIF resolviera el caso”.
El representante del comité de afectados de Ficrea aseguró que las denuncias correspondientes fueron entregadas a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, sin tener respuesta alguna, y actualmente ya fue presentado a Gómez el nuevo documento en donde solicitan la intervención del organismo para que el caso sea resulto.
“Esperamos que a la brevedad nos hagan un llamado para platicar y acreditar nuestros recursos que deben ser devueltos. Hasta el momento han fallecido 400 ahorradores, pero esperamos justicia”, reiteró.
Ficrea Servicios Financieros fue suspendida en diciembre de 2014, por la CNBV a cargo en ese entonces de Jaime González Aguadé, porque los dueños utilizaron los ahorros equivalentes a más de 6 millones de dólares a unas 6 mil 800 personas, en su mayoría personas de la tercera edad.
La institución brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del gobierno que recibió en 2008, dos años después, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de accionistas, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92 por ciento del capital de la empresa, convirtiéndola en la segunda institución financiera de ahorro y préstamo más grande del país.