Durante la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de este año, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se presenta como el defensor mundial del medio ambiente, destacando las importantes reducciones en la deforestación en la Amazonia desde que asumió el cargo.

Por eso, los ambientalistas se mostraron consternados cuando, pocas semanas antes de la COP30 en el puerto de Belém, en plena Amazonia, el gobierno de Lula aprobó la solicitud de la petrolera estatal Petrobras para explorar yacimientos de crudo en la desembocadura del río Amazonas.

“Mientras el mundo lo necesite, Brasil no va a desperdiciar riqueza que podría mejorar la vida de los brasileños”, declaró Lula a la prensa tras la decisión.

Mientras el mundo avanza en la multimillonaria transición hacia las energías limpias, ha cobrado fuerza la idea de que este cambio histórico debe beneficiar a todos.

De los planes nacionales de energía verde presentados este año, antes del inicio de la COP el 10 de noviembre, casi tres cuartas partes hacen referencia a una “transición energética justa”.

Si bien la frase es popular, las interpretaciones son muy diversas. Casi todos los países aceptan que la producción de gas y petróleo eventualmente deberá detenerse para salvar el planeta, pero muchas naciones en desarrollo no desean liderar el camino, en especial en un momento en que el mayor productor de petróleo del mundo –Estados Unidos– es una economía próspera que no hace ningún esfuerzo por reducir su consumo.

Naciones como Brasil se enfrentan a un dilema, dice Alfonso Blanco, director del programa de transición energética del Diálogo Interamericano, un grupo de reflexión en Washington: “Si me comprometo a dejar de producir (gas y petróleo) voluntariamente, pierdo la oportunidad de monetizar mis reservas mientras otros utilizan sus recursos. Pierdo mi oportunidad de desarrollo”.

Lula comparte esta opinión. Para él, una “transición energética justa” implica maximizar la producción de gas y petróleo y compartir parte de las ganancias con los pobres.

Pero si bien este concepto goza de un amplio apoyo político, tanto dentro del país como en todo el mundo en desarrollo, no es la única visión.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro busca impulsar un nuevo enfoque en la política ambiental, con la esperanza de que otros países lo imiten. “Estamos dispuestos a transitar hacia una economía sin carbón ni petróleo”, dijo en su discurso de toma de protesta en agosto de 2022, nueve meses después de la conferencia COP26 en Glasgow. “Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo…Colombia será una potencia mundial de la vida”.

Desde entonces, suspendió toda nueva exploración de gas y petróleo, aumentó los impuestos a las compañías de combustibles fósiles y está desarrollando una economía alternativa basada en el turismo y la agricultura respetuosa con el medio ambiente.

Sin embargo, en los tres años transcurridos desde que Petro asumió el cargo, el entusiasmo por una rápida transición energética en algunas partes del mundo en desarrollo parece que está disminuyendo.

Las economías emergentes se muestran renuentes a eliminar gradualmente los combustibles fósiles más allá del carbón.

Al ser China, por mucho, el mayor emisor de carbono del mundo, y con las emisiones en Europa y Estados Unidos (EU) en descenso, las acciones de los países en desarrollo determinarán en gran medida el ritmo del cambio climático en las próximas décadas.

Pero algunos dicen que, en el modelo que defiende Brasil, faltan incentivos para llevar a cabo las propuestas de descarbonización.

“El argumento de que la exploración petrolera financiará la transición energética carece de mecanismos concretos (para que esto ocurra)”, dice Juliano Bueno de Araujo, director técnico del Instituto Internacional Arayara de Brasil. “El país no cuenta con un fondo nacional para el clima vinculado a los ingresos petroleros…en lugar de fortalecer la transición, este modelo aumenta la dependencia que se tiene en los combustibles fósiles”.

Lula entre el crudo y el clima

En la situación actual, Brasil sigue adelante con sus planes para aumentar la extracción de petróleo.

El gobierno de Lula aspira a que Brasil se convierta en el cuarto productor mundial de crudo para 2030, por delante de Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Ambientalistas y defensores de los derechos indígenas están consternados.

“Lula acaba de enterrar en el fondo del océano su pretensión de ser un líder climático·, dice Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima, refiriéndose a la decisión de permitir la perforación marina en el estuario del río Amazonas.

Greenpeace y otras siete ONG interpusieron una demanda para tratar de cancelar la licencia otorgada para un pozo exploratorio.

 “Este proyecto es depredador, ignora la voz de los pueblos indígenas, los verdaderos guardianes de la selva, y pone de manifiesto las contradicciones del gobierno al invertir en combustibles fósiles, la principal causa de la crisis climática”, dice Kleber Karipuna, coordinador de la Alianza de Pueblos Indígenas de Brasil.

Pero el gobierno de Lula argumenta que explotar los abundantes yacimientos de crudo marino de Brasil –principalmente para la exportación– ayudará a financiar inversiones verdes y programas sociales en una sociedad marcada por una profunda desigualdad.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dice que la generación de electricidad limpia de Brasil –en su mayoría a partir de energía hidroeléctrica– y su liderazgo en biocombustibles ya lo posicionan como el “líder de la transición energética global”.

“Los países ya industrializados, con ingresos per cápita muy superiores al promedio del Sur Global y de Brasil, deberían ser más conscientes de que vivimos en un único ecosistema”, declaró al Financial Times este año. “Para salvar este ecosistema, necesitamos una transición energética justa y no impuesta. Y para que sea justa, debe haber dinero sobre la mesa”.

En todo el mundo en desarrollo, la postura de Silveira cuenta con numerosos partidarios.

La prioridad de Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, es monetizar el petróleo y el gas, mientras que Arabia Saudita planea descarbonizar el consumo de energía en el país, pero invierte para mantener su posición como segundo mayor productor de petróleo.

En América Latina, Argentina aumenta la producción lo más rápido posible en sus gigantescos yacimientos de esquisto de Vaca Muerta, en la Patagonia.

La compañía petrolera estatal mexicana, Pemex, planea reabrir pozos antiguos para obtener una producción adicional.

Por el contrario, Chile y Uruguay lideran el sector de las energías renovables, pero ambas son economías relativamente pequeñas.

En Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, expandir la producción petrolera es uno de los pocos objetivos que comparten el presidente socialista revolucionario Nicolás Maduro y su rival, la líder de la oposición conservadora María Corina Machado.

Surinam, una pequeña nación costera del Caribe, que solía promocionarse como emisor neto negativo de carbono, tiene planes de comenzar a producir petróleo en alta mar por primera vez en 2028.

El operador francés TotalEnergies dice que el proyecto es un ejemplo perfecto de nuestra estrategia de transición.

El país vecino de Guyana, cuyo 85 por ciento está cubierto de bosques, expande la producción de petróleo de manera aún más agresiva, y como resultado, su economía casi se va a quintuplicar entre 2019 y 2024.

Petro y la paradoja del petróleo

Ningún productor petrolero latinoamericano persigue un futuro de cero emisiones netas con tanto fervor como Colombia bajo su primer presidente de izquierda.

Unas seis semanas después de su toma de protesta, Petro, antiguo guerrillero urbano, declaró ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que el carbón y el petróleo “pueden aniquilar a toda la humanidad”, un fenómeno que atribuyó al capitalismo.

“El desastre climático que matará a cientos de millones de personas no lo causa el planeta, sino que lo causa el capital”, dijo. “Por la lógica de consumir cada vez más”.

Admirador del poco conocido economista ecológico rumano Nicholas Georgescu-Roegen —figura clave de la corriente del “decrecimiento”, que propone reducir la actividad económica para aliviar la presión sobre los recursos naturales—, Petro se movió con rapidez para materializar su visión de un país libre de combustibles fósiles.

Aumentó los impuestos a las compañías de gas, petróleo y mineras, impuso una moratoria a las nuevas licencias para la exploración de gas y petróleo e impulsó la prohibición del fracking (técnica de extracción de hidrocarburos).

En las negociaciones en materia del clima celebradas en Dubái en diciembre de 2023, Petro anunció que Colombia se uniría a un pequeño grupo de naciones, en su mayoría insulares, que buscaban negociar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para eliminar gradualmente el gas, el petróleo, y el carbón.

La decisión de Petro conllevaba riesgos económicos. Colombia produce alrededor de 750 mil barriles equivalentes de petróleo al día.

El petróleo y los minerales, incluido el carbón, representaron 44 por ciento de los ingresos por exportaciones de Colombia en 2022, de acuerdo con la OCDE.

En un estudio que el Ministerio de Hacienda de Colombia y la Agencia Francesa de Desarrollo realizó al año siguiente se encontró que los hidrocarburos generan aproximadamente entre 10 y 15 por ciento de los ingresos totales del gobierno.

Las grandes inversiones en gas y petróleo se paralizaron. Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Repsol se retiraron, o redujeron el tamaño de sus proyectos en Colombia en los últimos años.

Shell anunció en abril que se retirará de tres proyectos de gas en alta mar que posee junto con la compañía petrolera estatal colombiana Ecopetrol, incluso cuando el país enfrenta escasez de suministro.

A medida que disminuye la producción nacional de gas en Colombia, el país depende cada vez más de las importaciones.

Mauricio Cárdenas, investigador principal de la Universidad de Columbia, afirma que esto no tiene sentido, ya que el gas importado es más caro y genera más emisiones de carbono.

“Lo único que conseguimos los colombianos con esto es pagar más y contaminar más debido a una mala política energética”.

Las políticas de Petro contra los combustibles fósiles, sumadas a una hostilidad generalizada hacia el sector privado, también golpearon el crecimiento económico de Colombia.

La economía se estancó en 2023, su primer año completo en el poder, con un crecimiento del PIB de apenas 0.7 y de 1.6 por ciento en 2024, según el FMI.

Este año, el FMI proyecta un crecimiento de 2.5 por ciento en medio de un fuerte gasto público. Brasil creció más rápido bajo el mandato de Lula que Colombia bajo el de Petro.

Mientras tanto, los ambiciosos planes colombianos anunciados el año pasado para captar 40 mil millones de dólares (mdd) en nuevas inversiones destinadas a financiar una “transición socioecológica” para pasar del gas y el petróleo al turismo de naturaleza, la industria baja en carbono y la agricultura sostenible avanzaron lentamente.

Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, dice que las políticas de Petro están perjudicando las finanzas de Colombia.“La estrategia del gobierno renuncia a fuentes cruciales de ingresos fiscales que podrían utilizarse para financiar una transición energética fluida y sostenible”, declara.

El gobierno de Petro no tiene planes de cambiar de rumbo. “Debemos dejar de depender de una economía rentista basada en materias primas y avanzar hacia una economía productiva centrada en la agricultura y el turismo”, declaró Edwin Palma, ministro de Energía y Minería de Colombia, al Financial Times.

El ministro dice que el gobierno busca diversificar la red eléctrica colombiana, que depende de la generación hidroeléctrica para aproximadamente 68 por ciento del suministro, apoyada por centrales termoeléctricas de gas y carbón, y una pequeña pero creciente combinación de energía solar, eólica y biomasa.

Sin embargo, los esfuerzos por impulsar las energías renovables también se toparon con obstáculos.

En mayo de 2023, la compañía eléctrica italiana Enel se retiró de un proyecto de parque eólico de 205 GW previsto en la provincia costera noroccidental de La Guajira.

Durante dos años, el proyecto quedó paralizado hasta que Ecopetrol, la compañía petrolera estatal colombiana, lo adquirió en julio.

Ricardo Roa, exjefe de campaña de Petro y actual director de Ecopetrol, dice que la compañía quiere incrementar la inversión en energías renovables. “Nuestro objetivo es aprovechar el gran potencial de La Guajira”, declaró.

Alexandra Hernández, presidenta de SER, la principal organización de energías renovables de Colombia, cree que la inversión finalmente está despegando.

Dice que Colombia generará 14 por ciento de su electricidad a partir de proyectos de energía eólica y solar para finales de este año, en comparación con 2.5 por ciento de hace dos años.

Sin embargo, el carácter radical de las ambiciones de Petro complicó las cosas.

“Quería cambiar el gas y el petróleo, la salud, la educación, el modelo de inversión, la economía, la recaudación de impuestos”, explica. “Quería cambiarlo absolutamente todo. Pero hubo una gran falta de ejecución”.

Francisco Monaldi, director del programa de energía para América Latina de la Universidad Rice de Houston, señala que si Petro hubiera querido ser un líder en la descarbonización, debería haberse centrado en reducir aún más los subsidios a los combustibles y reinvertir los ahorros en energías renovables.

“Creo que su política, en general, es un error y será un error perdurable”.

El doble rostro climático de Brasil

Brasil, por su parte, fortalece su imagen ecológica en otros ámbitos. El país cuenta con una de las redes eléctricas más limpias del mundo, con cerca de 90 por ciento de la energía que proviene de fuentes renovables.

La nación más grande de Latinoamérica también es líder mundial en biocombustibles bajos en carbono, principalmente etanol derivado de la caña de azúcar, que absorbe CO2 durante su desarrollo y suele emitir menos dióxido de carbono que la gasolina convencional.

La mayoría de los coches en Brasil están equipados con motores flexibles que pueden funcionar con una mezcla de ambos combustibles, y la gasolina convencional contiene 30 por ciento de etanol.

Brasil, según Luisa Palacios de la Universidad de Columbia, “considera que la sustentabilidad es una ventaja competitiva”.

“Es un laboratorio para tratar de desarrollar combustibles bajos en carbono o reducir las emisiones de carbono en industrias con altas emisiones. Esto no es fácil y, obviamente, implica ciertas concesiones. Pero creo que tanto las empresas como el gobierno están intentando actuar de la manera más responsable”.

Brasilia, por lo tanto, dice que están ya en buen camino hacia una economía baja en carbono. Casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, y a esto le sigue la agricultura y la ganadería con 28 por ciento, de acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio del Clima. La quema de combustibles fósiles representa una proporción mucho menor.

Pero esto podría cambiar. En las últimas dos décadas, Brasil se consolidó como una potencia petrolera mundial gracias al aumento de la producción de sus reservas en aguas profundas, conocidas como “presal” debido a que se encuentran sepultadas bajo una gruesa capa de cloruro de sodio.

Dado que se pronostica que la producción de estos yacimientos alcance su punto máximo a finales de la década, la industria petrolera cree que el próximo gran descubrimiento de Brasil se encuentra en un tramo de 2 mil 200 kilómetros del océano Atlántico frente a la costa norte, llamado Margen Ecuatorial. El gobierno estima que podría contener 10 mil millones de barriles recuperables.

Este impulso por obtener nuevas reservas estuvo detrás de la polémica decisión de 20 de octubre del organismo regulador ambiental de Brasil, Ibama, que otorgó a Petrobras una licencia de perforación exploratoria para un yacimiento conocido como Bloque 59, ubicado a 540 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y a 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá.

Brasil y otros países anticipan un déficit en el suministro de petróleo para finales de esta década y estarán preparados para cubrirlo, afirma Jason Bordoff, director fundador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“La medida más importante y eficaz para desalentar a Brasil y a otros países de modificar sus planes de producción petrolera es cambiar los incentivos económicos acelerando drásticamente el despliegue de vehículos eléctricos y otras tecnologías que transformen las perspectivas de la demanda de petróleo”, explica.

En Colombia, la guerra de Petro contra los combustibles fósiles podría estar perdiendo fuerza.

Los candidatos de izquierda y derecha que se presentan a las elecciones presidenciales colombianas del próximo año prometen revertir las políticas energéticas del presidente. “Si Dios nos dio petróleo, carbón y gas, usaremos petróleo, carbón y gas”, publicó Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, de centroizquierda, y precandidata presidencial.

“Es realmente sorprendente la fuerte reacción negativa que ha generado Petro…porque antes existía un consenso mucho más centrado en el medio ambiente dentro de la élite colombiana”, afirma Monaldi, de la Universidad Rice. “Ahora se trata más bien de: ‘Tenemos que aumentar la producción de petróleo para implementar políticas sociales y desarrollo económico’. Se produjo un gran cambio de perspectiva”.

Información adicional de Beatriz Langella

JLR​