Moderna lucha contra una propuesta de los accionistas en la que se exige al grupo farmacéutico que abra su tecnología de vacunas contra el covid-19 a los países más pobres y que explique por qué sus precios son tan elevados dada la cantidad de ayuda gubernamental que ha recibido.
Legal & General Investment Management (LGIM), gestora de activos con sede en Londres, informó que los accionistas de Moderna merecen saber cómo el financiamiento estadunidense para las vacunas contra el covid afecta “al acceso a dichos productos, así como a la fijación de precios”.
Después de recibir al menos 2 mil 500 millones de dólares del gobierno estadunidense, Moderna envió vacunas a países en su mayoría ricos y no aún no transfiere su tecnología a fabricantes de países de bajos o medianos ingresos, señaló LGIM.
Moderna lucha contra la propuesta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés). Las compañías suelen impugnar las propuestas de los accionistas ante la SEC y a menudo ganan.
Por otra parte, Oxfam se unió a otros inversionistas para presentar peticiones a Moderna y Pfizer con el fin de exigir a las compañías que hagan más por compartir la tecnología de las vacunas. Para Moderna, ambas propuestas de los accionistas representan las primeras peticiones de los inversionistas a las que se enfrenta desde que salió a bolsa en 2018.
Moderna —que no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios— se encuentra bajo presión para reducir sus precios y ampliar la producción para los países más pobres. Elizabeth Warren, senadora demócrata de Massachusetts, dijo a Financial Times el mes pasado que tanto Moderna como Pfizer tienen que “hacer más para abordar las inaceptables disparidades en el acceso global a las vacunas contra covid-19, incluido expandir drásticamente la fabricación de vacunas en todo el mundo”.
Se proyecta que ambas empresas obtengan más de 93 mil millones de dólares el próximo año solo con las ventas de la vacuna.
Moderna se encuentra en una posición en especial inusual porque desarrolló su vacuna en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de EU (NIH, por su sigla en inglés). Barney Graham, uno de los científicos de los NIH que participó en el proceso de desarrollo, declaró a Financial Times a principios de este año que el papel del gobierno en la producción de la vacuna le dará “ventaja” sobre Moderna a la hora de establecer los precios.
Pero Moderna se opone a esta sugerencia, y emitió una declaración pública en la que rechaza la idea de que Graham y otros dos científicos del gobierno coinventaron la vacuna.
En su solicitud a la SEC para bloquear la propuesta de los accionistas de LGIM, Moderna indicó que ya tenía previsto publicar antes del 15 de febrero información adicional sobre la fijación de los precios de las vacunas.
“La compañía cree que habrá implementado sustancialmente la propuesta (de LGIM) antes de presentar sus materiales (de votación) de representación”, indicó Moderna.
La gestora LGIM ya presentó en conjunto propuestas de accionistas en Eli Lilly y Gilead Sciences para dividir las funciones de presidente y director ejecutivo de las empresas.