La principal agencia de investigación de la India presentó una denuncia penal en la que acusa a Rolls-Royce y BAE Systems de participar en corrupción en acuerdos históricos para suministrar aviones de combate al país.
La Oficina Central de Investigación (CBI, por su sigla en inglés) aseguró que entre 2003 y 2012 las compañías participaron en una “conspiración criminal” para “engañar al gobierno de India” en los acuerdos para fabricar docenas de aviones Hawk de BAE, que utilizaban motores Rolls-Royce.
La denuncia revive acusaciones históricas de irregularidades contra Rolls-Royce, que en 2017 llegó a un acuerdo de encausamiento diferido con la Oficina de Fraudes Graves de Reino Unido (SFO, por su sigla en inglés) después de una investigación de varios años. Se acusó a la empresa de prácticas ilegales durante tres décadas en lo que en su momento fue uno de sus casos más prolongados.
Rolls-Royce declaró que “sigue ayudando a las autoridades indias”, y señaló que las acusaciones investigadas se revelaron en el acuerdo de encausamiento diferido. La compañía agregó que ahora es un “negocio fundamentalmente diferente”.
“No toleraremos ningún tipo de mala conducta empresarial y nos comprometemos a mantener un alto nivel ético. India sigue siendo un mercado importante para Rolls-Royce”, señaló la firma.
BAE indicó que “será inapropiado hacer comentarios sobre una investigación en curso”. La compañía añadió que está “comprometida a mantener los altos niveles de conducta ética que esperan nuestros clientes, accionistas, socios y colegas”.
La denuncia es un primer reporte de información, que establece las acusaciones para una investigación más profunda, y se basa en una investigación preliminar iniciada en 2016.
Se basa en la indagatoria de la SFO, que tiene su origen en un acuerdo de 2004 entre el Ministerio de Defensa de India y las empresas para suministrar 24 aviones Hawk, junto con otros acuerdos para que Hindustan Aeronautics fabricara docenas más, en operaciones que ascendieron a más de mil millones de libras.
La CBI afirmó que las empresas incumplieron los acuerdos que les prohibían realizar pagos a intermediarios.
En virtud del acuerdo que se alcanzó entre Rolls-Royce y la SFO en enero de 2017, la firma acordó pagar 500 millones de libras para resolver las acusaciones de soborno y corrupción que abarcaban siete jurisdicciones, incluidas Indonesia, Rusia e India.
En India, la SFO alegó que Rolls-Royce “continuó utilizando a uno de sus intermediarios clave en relación con contratos de defensa relevantes” a pesar de las restricciones del gobierno indio.
La CBI señala acusaciones que formaban parte del caso de la SFO, incluido el hecho de que Rolls-Royce pagó un millón de libras a un intermediario para aumentar sus derechos de licencia de 4 millones a 7.5 millones de libras. También señala que se realizó un pago adicional de 1.85 millones de libras para evitar que una lista de intermediarios cayera en manos del Ministerio de Defensa indio.
En la denuncia se dice que el ex director de Rolls-Royce Tim Jones, junto con los empresarios británico-indio Sudhir Choudhrie y su hijo Bhanu formaban parte de una “conspiración criminal” en torno a los contratos.