La política israelí está en crisis. Un gran número de personas se manifestó en las calles contra las muy criticadas “reformas judiciales” de la coalición de derecha. El presidente, Isaac Herzog, incluso llegó a declarar: “Ya no estamos en un debate político, sino al borde del colapso constitucional y social”. El programa de este gobierno tiene una indudable importancia para el futuro del país, pero también tiene una trascendencia más amplia. En parte se debe al papel que tiene Israel en la región. También porque lo que está ocurriendo plantea interrogantes sobre cómo una democracia puede convertirse en una autocracia a través de un mayoritarismo desenfrenado.
Larry Diamond, de la Universidad de Stanford, sostiene que la democracia liberal tiene cuatro elementos necesarios: elecciones libres y justas, participación activa en la vida cívica de la ciudadanía, protección de los derechos civiles y humanos y un estado de derecho que vincule y proteja a todos.
Aquellos que ganaron las elecciones no tienen derecho a amenazar ninguno de esos elementos. Si pretenden crear un Estado así, están subvirtiendo la democracia, un sistema de gobierno de la mayoría, limitado por controles y contrapesos institucionales. De todas esas limitaciones, ninguna es más importante que el estado de derecho.
Por eso la Unión Europea tiene tantas dificultades con las “democracias intolerantes” de Hungría y Polonia. También por eso las “reformas” legales propuestas por el gobierno israelí son tan controvertidas. Para los opositores, eliminarán las protecciones contra las acciones arbitrarias del gobierno, amenazando la libertad individual y la previsibilidad jurídica.
Esto es lo que aprendí al hablar con un alto cargo del gobierno. Para averiguar si tiene sentido, hablé con Netta Barak-Corren, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien coincide en que la Corte redujo los umbrales para presentar una demanda contra el gobierno.
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El argumento de Barak-Corren es que las propuestas no son necesarias ni suficientes para rectificar los problemas de la estructura de la democracia israelí y el comportamiento del poder judicial. Este relato me convence de que las reformas son para obtener más poder. Permitirán al Ejecutivo actuar con escasa rendición de cuentas y llenar el poder judicial con personas leales, incluso en áreas que tienen poco que ver con la política.
El peligro económico creado por la democracia intolerante es el del “capitalismo clientelar”. En este tipo de sistemas resulta fácil para los corruptos triunfar. Esto desalienta la entrada de nuevos competidores honestos en la economía, porque son ellos los que siempre dependen más de un poder judicial y una burocracia independientes.
Este nuevo gobierno ya creó muchas preocupaciones más, entre ellas el futuro de los territorios ocupados. La idea de la anexión de Cisjordania, por ejemplo, es letal para Israel como un país democrático, a menos que se conceda la plena ciudadanía a los palestinos, lo que convertiría a la nación en un Estado binacional.
En este contexto que la historia económica de Israel demuestra que el sistema jurídico del que ahora se queja el gobierno no impidió su éxito en el pasado. Eso también sugiere que estas drásticas reformas no son necesarias en sí mismas y están dirigidas a objetivos distintos de los ostensibles. Benjamin Netanyahu debe recapacitar antes de causar un daño irreparable.