Cuando los helicópteros militares brasileños descendieron en la Reserva Biológica de Maicuru en el estado amazónico de Pará, en octubre, descubrieron una operación ilegal de minería que los sorprendió por su sofisticación. Tenía un sistema de motores para extraer oro de las profundas cavernas y pistas de aterrizaje que se hicieron en la selva para llevarse la carga.
“Este lugar solo es accesible vía aérea, no hay otra manera. Así que para diseñar una operación allí, primero necesitas construir una pista de aterrizaje, y después tener aeroplanos”, dice Gecivaldo Vasconcelos, jefe de la policía federal de Santarém.
“Esto demanda una inversión, y no es de pequeña escala”. En la década de 1980, el Amazonas fue testigo de una feroz fiebre del oro que atrajo a miles de personas pobres que cavaban por el metal con palas en un enorme foso abierto. Tres décadas después, los mineros ilegales vuelven a acudir en masa a la selva amazónica con la misma idea de enriquecerse rápidamente. Pero esta vez traen nueva maquinaria pesada y conocimientos financieros.
Gran parte del oro se exporta, principalmente a países occidentales, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Se están arrasando grandes extensiones de tierras supuestamente protegidas para dar paso a equipos modernos para extraer el oro.
Tan solo el año pasado los mineros ilegales destruyeron un área de selva tropical equivalente al tamaño de más de 10,000 canchas de futbol, según Ibama, un grupo especial de protección ambiental, un incremento de 23% con respecto a 2018.
Tierra sin ley
Con la minería ilegal también viene la violencia. Varias tribus indígenas del Amazonas brasileño están bajo la amenaza constante de los mineros que a menudo están armados y que a veces trabajan para bandas del crimen organizado.
La violencia tampoco está contenida en las fronteras nacionales. La policía federal dice que los grupos criminales que trabajan en Brasil tienen estrechas conexiones con su país vecino, Venezuela.
Gran parte de este “oro conflictivo” se saca de Venezuela a través de Colombia, pero también se introduce de contrabando en la Amazonia brasileña, donde se puede lavar, vender y finalmente exportar a nivel mundial desde Sao Paulo. “El riesgo del oro ilegal es que las ganancias se pueden utilizar para promover más ilegalidades, incluyendo el tráfico de drogas y armas e incluso el terrorismo. Si no abordamos este problema, perderemos esta guerra”, dice Eduardo Leao, director de la Agencia Nacional de Minería.
La policía brasileña inició una serie de operaciones con el objetivo de erradicar a los mineros ilegales, las rutas de contrabando transfronterizas y los servicios de lavado que permiten que el oro ilegal ingrese al sistema financiero mundial. Pero a medida que la batalla policial comienza a intensificarse, una victoria no parece segura. “Hay una ausencia de leyes, de regulación”, dice Paulo de Tarso, un fiscal federal en Santarém.
La capacidad para aplicar la ley de los pocos policías locales está limitada por el vasto e inhóspito terreno, mientras que las agencias de protección ambiental de Brasil se han visto privadas de fondos y despojadas de personal desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo de presidente el año pasado.
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El efecto Covid sobre los precios
Desde que la pandemia hizo que los precios del oro subieran, la producción y las exportaciones del metal de Brasil aumentaron. Entre enero y septiembre, el país exportó casi 3,400 mdd en oro, aproximadamente el equivalente a todas sus exportaciones del año pasado, según datos del Ministerio de Economía, y 60% más altas que en el mismo periodo de 2018.
Cada año, Brasil produce alrededor de 100 toneladas de oro, de las cuales unas 35 toneladas provienen de los pequeños mineros, conocidos como garimpeiros, que tienen licencias para prospectar en partes limitadas del Amazona. Pero el oro que se extrae ilegalmente de la zona a menudo se lava y termina en esta producción aprobada oficialmente o se pasa de contrabando a través de las fronteras con Venezuela y Guyana, lo que significa que los investigadores no tienen una cifra total clara sobre la producción ilegal de oro.
Sin embargo, Larissa Rodrigues, del Instituto Escolhas, estima que alrededor de 15 toneladas de oro de Brasil provienen de fuentes ilegales. La operación que descubrió y destruyó la pista de aterrizaje clandestina se de- nominó “Oro Frío”, una réplica sutil a la jerga de los mineros, que “calientan” el oro cuando logran blanquearlo en el sistema financiero o en el mercado de la joyería. El proceso es sencillo.
“Un hombre tiene oro en sus manos pero no tiene los documentos”, dice Vasconcelos, policía federal de Santarém. “Cuando viene a vender ese oro, o presenta un documento falso o la misma tienda que compra produce el documento. En ese momento cuando un negocio oficial declara que proviene de una mina legítima, el oro entra al sistema como si fuera legal. Se ‘calentó’”.
El proceso a menudo se realiza usando lápiz y papel, lo que significa que no hay una base de datos digital para rastrear a los infractores o generar pruebas contra los compradores, que en teoría están re- gulados por el banco central y la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil.
Los fiscales federales desde hace años presionan al banco central y a la Agen- cia Nacional de Minera de Brasil para que diseñen un nuevo sistema, pero hay poca motivación política. Bolsonaro regularmente expresa su apoyo público a la apertura de la selva Amazona a la minería y es un crítico de las vastas tierras protegidas otorgadas a las tribus indígenas.
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El cabildeo a favor de la minería
En su búsqueda del metal precioso, José Antônio Pereira dos Santos pasó casi 50 años evadiendo a la policía, hasta febrero cuando recibió una licencia oficial del gobierno para excavar en el Amazonas. Al frente del nuevo auge del oro en la región, dos Santos mantiene una pista de aterrizaje de tierra que utiliza para transportar los 5 kilogramos de oro legal que extrae cada mes a las ciudades de la región.
Estos negocios son cada vez más la columna vertebral de muchas comunidades amazónicas pobres, donde la extracción rudimentaria de recursos, incluyendo la minería y la explotación forestal, es a menudo la única forma de sobrevivir.
“El 70% de la actividad económica de nuestra región depende del oro. Aquellas personas que no dependen de él directamente, lo hacen indirectamente. Impulsa nuestra economía”, dice Wescley Tomaz, miembro del ayuntamiento local de Itaituba, un municipio minero en Pará conocido como “Ciudad Pepita de oro”.
Tomaz está al frente del cabildeo con Bolsonaro y el Congreso para impulsar la legislación. Sin embargo, esta campaña ha provocado la oposición de los indígenas, así como de los ambientalistas, quienes dicen que la legalización de más minería estimulará aún más la destrucción de la selva tropical.
El ‘arco minero’ de Venezuela Para los investigadores internacionales, el comercio de oro de Brasil tiene un lado aún más polémico: sus estrechas conexiones con su país vecino, Venezuela.
Con la economía de Venezuela colapsada, y los ingresos del petróleo secándose, el gobierno de Nicolás Maduro estableció un “arco minero” en la ribera sur del río Orinoco en 2016. La idea era explotar el oro, los diamantes y el coltán de la zona. Este arco cubre 12% del territorio de Venezuela y como está en el sur, Brasil es un punto de salida natural para el oro de contrabando.
El área es violenta. La ONU ha registrado casos de mineros golpeados en público por robar. Algunos activistas dicen que los recursos extraídos de la región deberían tener el prefijo de “sangre” o “conflicto”. “Gran parte de la minería en el arco está controlada por la delincuencia organizada o elementos armados”, según el informe de la ONU. “Ellos deciden quién entra y sale del área, imponen reglas, infligen severos castigos físicos a quienes las rompen y obtienen beneficios económicos de todas las actividades dentro del área minera, incluso mediante la extorsión a cambio de protección”.
Cristina Burelli, asesora del grupo no gubernamental SOS Orinoco, dice que “la ruta natural de salida del oro es a través de Brasil. Sabemos que vienen garimpeiros brasileños”.
Una vez en la Amazonia brasileña, se puede lavar el origen del oro utilizando los mismos métodos que los mineros ilegales antes de filtrarse al mercado. “Entre 70 y 90% del oro que se extrae en Venezuela sale ilegalmente del país.
Ni siquiera toca al banco central de Venezuela”, dice Alexandra Pinna, gerente senior de programas para América Latina en Freedom House, quien estima el valor del oro que salió del país por medio del contrabando en 2018 en 2,700 mdd.
Para los fiscales, policías y activistas, la solución radica en la creación de un sistema de rastreo confiable, comenzando con la digitalización básica de las ventas de oro en Brasil. Sin embargo, esto requeriría una presión económica, política y pública, ninguna de las cuales parece estar por venir.