El presidente de Ecuador ha rechazado la oposición ecologista a una gran ampliación de los proyectos mineros, afirmando que no puede permitir que grupos indígenas motivados por “intereses políticos” arruinen la economía de la nación andina.
Días después de que el presidente Guillermo Lasso presumiera ante los inversores extranjeros proyectos por valor de 30 mil millones de dólares (mdd), entre ellos 14 proyectos mineros, en un acto de “Ecuador open for Business” (Ecuador abierto a los negocios), el Tribunal Constitucional envió un mensaje muy diferente. La Corte Constitucional invalidó el permiso ambiental que se otorgó para la perforación en el bosque nublado de Los Cedros, alegando que no se había consultado previamente a las comunidades locales.
La decisión provocó exclamaciones de protesta de los grupos de cabildeo del sector minero. La decisión amenaza un gran proyecto de cobre que está desarrollando la empresa minera estatal ecuatoriana Enami junto con la canadiense Cornerstone, y la incertidumbre que genera podría afectar a otros proyectos mineros, lo que afectaría a los planes de Lasso para reactivar la economía.
Lasso le dijo al Financial Times en una entrevista que los yacimientos ecuatorianos de cobre y otros metales valiosos tenían que ser explotados para apoyar la transición energética mundial, alejándose de los combustibles fósiles, y agregó: “Negarnos a nosotros mismos esta posibilidad es negar el desarrollo futuro del país y este gobierno no dejará que eso ocurra”.
Dijo que piensa intentar ganarse a la opinión pública “explicando qué tipo de minería es esta, una minería responsable y sustentable, y defendiendo el interés superior de la mayoría de los ecuatorianos por encima de los intereses políticos de los dirigentes indígenas que quieren hacer una campaña sobre la base de sacrificar la economía ecuatoriana”.
La economía ecuatoriana resultó muy golpeada por la pandemia y todavía no se recupera del todo. Citi estima un crecimiento de 3 por ciento en 2021 y del 1.5 por ciento en 2022. Lasso cree que las cifras van a ser más altas, pero aún así añade: “No son cifras que me hagan estar muy alegre o muy contento porque necesitamos un crecimiento económico más vigoroso”.
Tras cosechar los primeros éxitos con una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo en desarrollo, Lasso se enfrenta ahora a una lucha cuesta arriba. Su partido CREO cuenta con menos de una décima parte de los escaños de la Asamblea Nacional y no ha conseguido formar una coalición estable de gobierno.
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La reforma fiscal del presidente solamente se aprobó por defecto, tras vencer el plazo para que el Congreso la aceptara o rechazara. Se trata de una medida progresiva que aumenta los gravámenes a las empresas y a los ecuatorianos más ricos, y que recaudará cerca del 1 por ciento del PIB en ingresos adicionales, de acuerdo con JPMorgan.
Lasso quiere ahora aprobar una reforma laboral para flexibilizar la rígida legislación laboral del país y una medida de promoción de la inversión que facilite las asociaciones público-privadas. La medida laboral se enfrenta a una fuerte oposición del bloque izquierdista UNES del expresidente Rafael Correa y del partido indígena Pachakutik.
“En enero vamos a presentar (la reforma laboral) a la sociedad civil y a la opinión pública ecuatoriana para tener un debate lo más amplio posible entre grupos de empresarios, sindicatos, académicos, políticos y recoger todas las inquietudes posibles para modificar el proyecto y luego enviarlo, yo diría en marzo, a la Asamblea Nacional para su aprobación”, dijo Lasso.
Esta tarea se complicó por una disputa muy pública entre el presidente y Jaime Nebot, el líder del partido de centro-derecha PSC. El PSC rompió con Lasso al inicio de su gobierno, y desde entonces Nebot ha criticado con dureza al presidente por no cumplir los acuerdos políticos.
Esto hace que Lasso dependa del apoyo de Pachakutik, pero el partido indígena está dividido y ha sido una fuerza voluble en el Congreso. Su ex candidato presidencial, Yaku Pérez, acusó formalmente a Lasso de fraude fiscal después de que se publicaran detalles de sus inversiones en paraísos fiscales en los Pandora Papers, lo que desencadenó una investigación del Fiscal General.
Lasso, un millonario hecho por esfuerzo propio, contraatacó con firmeza después de las revelaciones de Pandora. Dijo que abandonó sus inversiones offshore en 2017 y sobrevivió a una campaña que pusieron en marcha los opositores políticos en el Congreso para destituirlo. La contraloría también abandonó una investigación por falta de pruebas.
“Este es un capítulo absolutamente cerrado”, dijo Lasso al FT sobre el intento de juicio político. “Nació cerrado y murió cerrado porque no había motivos para esa investigación”. Calificó de “ridícula” la acusación de Pérez.
Los problemas que enfrenta Lasso para gobernar “no cambiarán en el resto de su mandato”, dijo Andrés Mejía, experto en Ecuador del King's College de Londres. “Siento que va a empeorar… es una señal preocupante que haya roto las posibilidades de una coalición significativa tan rápidamente”.
Lasso también se enfrenta a un serio desafío por el recrudecimiento de la violencia criminal, en gran parte vinculada al tráfico de drogas. El embajador estadunidense reveló este mes que Washington había cancelado los visados de varios “narcogenerales” ecuatorianos y expresó su preocupación por el grado de penetración que tienen los traficantes en las fuerzas del orden.
Dos masacres en cárceles controladas por bandas de narcotraficantes en el espacio de dos meses costaron la vida a más de 180 reclusos. Lasso dijo que la seguridad era ahora su máxima prioridad.
“Terminaré esta entrevista y luego le dedicaré las dos horas que le dedico cada día a fortalecer el SNAI, que es la institución que maneja el sistema penitenciario”, dijo. “Mi gran preocupación es la seguridad”.