Johnson & Johnson utilizó la polémica estrategia de quiebra Texas two-step (Dos pasos de Texas) para detener 38 mil casos de lesiones personales en los que se alega que su talco para bebés causaban cáncer. Ahora la compañía quiere bloquear los casos de dos estados que afirman que tergiversó la seguridad de un producto de consumo que vendió durante décadas.
Un tribunal de Nueva Jersey está listo para estudiar una solicitud de una filial de J&J (LTL Management) para impedir que Nuevo México y Misisipi sigan adelante con sus demandas contra la matriz. Los expertos jurídicos afirman que la decisión sentará un precedente sobre si las empresas pueden utilizar el proceso de protección de quiebra del Capítulo 11 para manejar las demandas que alegan violaciones de las regulaciones estatales de protección del consumidor, y en qué medida.
Una vez en quiebra, el tribunal permitió a la filial suspender los 38 mil casos de daños que se presentaron contra J&J por el talco. Una medida controvertida, ya que los críticos afirman que negará a los litigantes un juicio y ejercerá presión sobre ellos para aceptar acuerdos, mientras que J&J argumenta que le ha ayudado a administrar miles de millones de dólares en demandas judiciales. La firma creó un fideicomiso de 2 mil millones de dólares para facilitar los acuerdos de arreglo en esos casos.
J&J ya dejó de vender talco en Estados Unidos y Canadá, y recientemente informó que eliminará poco a poco las ventas mundiales de ese producto en 2023. La empresa indicó que su posición —que el artículo es seguro y no causa cáncer— no ha cambiado.
Además de los casos de daños personales en el tribunal de quiebras, algunos estados también demandaron que la compañía comercializó y vendió su talco a los consumidores a pesar de saber que a veces estaba contaminado con asbesto cancerígeno, violando las leyes de protección del consumidor.
Cuarenta estados de EU y el Distrito de Columbia están en conversaciones con la filial de LTL para llegar a un posible acuerdo sobre las demandas de protección de los consumidores, dijeron en una presentación. Pero otros dos, Nuevo México y Misisipi, quieren llevar sus casos a juicio en sus respectivos tribunales estatales.
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LTL solicitó al tribunal de bancarrota que emita una orden judicial que les impida hacerlo. Permitir que el litigio siga adelante interferirá con la capacidad de la compañía para resolver los casos de daños personales a través del proceso de quiebra y socavará los esfuerzos de mediación en curso sobre cuestiones similares con los otros estados, indicó la compañía.
“La búsqueda continua de las acciones estatales no es un ejercicio del poder policial de los estados, sino un esfuerzo por cobrar multas y sanciones por conductas pasadas del deudor y otras partes”, dijo en una presentación.
Los casos de los estados implican acusaciones similares, pero son distintos de las demandas por daños personales, que representan a personas que supuestamente desarrollaron cáncer como resultado del uso del talco de J&J. Nuevo México y Misisipi solicitan una indemnización por daños y perjuicios y sanciones, así como la posibilidad de ejercer los poderes estatales de protección del consumidor para impedir que se reanude la venta de talco.
Los dos estados se oponen a la solicitud de suspender sus casos, alegando que es una “burla” de la ley de bancarrota y que pretende pisotear el derecho de los estados a “ejercer sus poderes policiales y regulatorios”, de acuerdo con los archivos judiciales.
“Esto es un acto que excede los límites en un caso ya repleto de manipulaciones cuestionables del código de bancarrota por parte de una de las corporaciones más ricas del mundo”, escribieron los estados en la presentación.
“(LTL) aparentemente cree que… el código de bancarrota es el as bajo la manga: el tribunal puede renunciar a su varita y los principios del federalismo se desvanecen mientras una entidad multimillonaria contorsiona el código de bancarrota para protegerse del ejercicio constitucional y estatutario de los estados de sus poderes policiales y regulatorios”.
Jared Ellias, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, dijo que una decisión contra los estados “será acciones de derecho estatal o de protección del consumidor y que esperan utilizar el sistema de quiebra para bloquear o paralizar esos casos.
Varias compañías que se enfrentan a demandas relacionadas con el asbesto, entre ellas Georgia-Pacific, Saint-Gobain y Trane Technologies, han desplegado el mismo esquema de quiebra “Texas two-step” que J&J.
El mes pasado, 3M declaró a su filial Aearo dentro de la protección del Capítulo 11 en un intento de resolver cientos de miles de demandas sobre tapones para oídos supuestamente defectuosos. Los demandantes están impugnando la bancarrota de 3M.