Aumenta la rebelión en la Unión Europea contra un tratado internacional sobre energía que otorga a las multinacionales el poder de demandar a los gobiernos, y Países Bajos se convirtió en la tercera nación que anuncia su intención de retirarse de un pacto que, según ellos, obstaculiza los planes para hacer frente al cambio climático.
Países Bajos se unió la semana pasada a la iniciativa de España, siguiendo los pasos de Polonia, de prepararse para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que tenía la intención de proteger las inversiones internacionales de energía de empresas o individuos extranjeros. Italia se retiró en 2016, pero sigue vinculada por una cláusula de caducidad de 20 años.
Los activistas afirman que el pacto, que se diseñó en la década de los 90 para fomentar la inversión después de la Guerra Fría, se convirtió en un obstáculo para frenar los gases de efecto invernadero que producen los proyectos de carbón, gas y petróleo.
Los inversionistas pueden demandar a los gobiernos si creen que sus activos están amenazados por cambios en la legislación o en las políticas. El tratado abarca más de 50 países, incluida la Unión Europea como un bloque.
El gobierno neerlandés indicó que el tratado no está en línea con el objetivo del acuerdo climático de París de limitar el calentamiento global a “muy por debajo” de 2 grados centígrados, e idealmente 1.5 grados centígrados, desde la época preindustrial.
Tres grupos de energía, entre ellos el alemán RWE, demandaron a tres gobiernos europeos por sus decisiones de ordenar el cierre de centrales eléctricas alimentadas por carbón, impedir el desarrollo de proyectos concretos o exigir una evaluación de impacto ambiental.
RWE fijó la mira en Países Bajos por su decisión de eliminar poco a poco la generación de energía alimentada por carbón para 2030. La compañía anunció este mes que pondría fin a la creación de electricidad con carbón en Alemania para 2030, pero indicó que no abandonará el caso contra los neerlandeses.
En agosto, Rockhopper, de Reino Unido, ganó alrededor de 250 millones de euros en un caso que presentó contra Italia por un proyecto de un yacimiento petrolero en el mar Adriático. A pesar de que se retiró del tratado, Italia todavía está sujeta a una cláusula que obliga a los que lo abandonan a cumplir sus normas durante otros 20 años.
Desde 2018 se lleva a cabo un proceso para “modernizar” el pacto, y los activistas dicen que el texto revisado debe poner fin a las protecciones de las inversiones en combustibles fósiles.
En junio se alcanzó un acuerdo de principio, pero el texto, que todavía no se ratifica, aún protege las inversiones en carbón, gas y petróleo en la Unión Europea y Reino Unido durante los 10 años posteriores a su entrada en vigor. También protegerá las nuevas inyecciones de capital en combustibles fósiles realizadas antes de agosto de 2023.
Los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran en un estira y afloja sobre la aprobación del tratado actualizado. Este mes, Bélgica afirmó que se abstendrá en la votación sobre si la Unión Europea debe aprobar el texto, porque no hay un “consenso” entre los legisladores.
Mientras que algunos apoyan el texto, otros consideran que “no es suficientemente ambicioso” y quieren que la Unión Europea se retire por completo, de acuerdo con un documento del gobierno que pudo ver Financial Times.
Alemania también considera la posibilidad de abstenerse en la votación de la Unión Europea sobre el texto actualizado, al igual que Francia, que quiere que un bloque de países del mercado único se retire como grupo, según el liberal francés Pascal Canfin, que preside la comisión ambiental del Parlamento Europeo. Si un número suficiente de naciones se abstiene o vota contra el texto, la comisión no conseguirá el apoyo de todo la región.
La posición de la comisión es que el tratado no puede ser utilizado por un Estado miembro de la Unión Europea contra otro.
Bruselas muestra su apoyo a la decisión de España de impugnar la legalidad de las indemnizaciones concedidas en virtud del tratado a inversionistas con sede en la Unión Europea. Muchos de esos casos fueron presentados por compañías de energías renovables después de que el país cambió su régimen de ayudas a las fuente de generación limpias.
Los defensores del tratado afirman que protege a los inversionistas en proyectos de energías renovables; sin embargo, la Renewable Energies Federation (Federación Europea de Energías Renovables) le pidió a la Unión Europea que abandone el acuerdo.
El texto revisado del tratado establece que “no se aplicará” entre los miembros de una misma “organización de integración económica regional”, como la Unión Europea; sin embargo, todos los firmantes deben aprobarlo por unanimidad para que se adopte. La reunión está programada para el 22 de noviembre.
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