Parado junto a un productor de caña de azúcar que utiliza una prensa de madera tirada por caballos para exprimir el jugo hacia una cubeta de plástico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una demostración de su visión económica del mundo.
En una visita a La Huasteca la semana pasada, cerca de la región del Bajío, que es la potencia de fabricación de alta tecnología de México, el presidente nacionalista de izquierda —quien se enorgullece de no tener una chequera o una tarjeta de crédito— ensalzó las virtudes de los micronegocios artesanales que, dijo, eran “tan o más importantes” en términos de creación de empleos y desarrollo que las grandes empresas.
“Esta es la economía que estamos impulsando”, dijo y bebió su jugo de caña.
Un día después de su viaje, abruptamente despidió al director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la agencia a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas sociales que son el pilar de su gobierno que ya cuenta ocho meses.
El despido de Gonzalo Hernández, cuatro días después de que escribió una editorial en la que aseguró que los recortes presupuestales estaban paralizando la capacidad de la agencia para realizar sus funciones, fue el más reciente en una purga de tecnócratas e instituciones que el Presidente dice que son corruptos, derrochadores o un obstáculo para su transformación de México después de 36 años de las fallidas políticas “neoliberales”.
Pero algunos inversionistas y analistas temen que al perseguir la ilusión de un regreso a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, con el Estado firmemente en el asiento del conductor, el hijo de pelo cano de unos tenderos coquetea con el tipo de demagogia que puede regresar a México al peligroso camino populista.
Hoy se publicarán los datos del PIB del segundo trimestre, los cuales se espera que muestren una economía cerca de la recesión,
después de una impactante contracción a principios de año, la disminución en la creación de empleos y el nivel de construcción más bajo en 13 años.
Sin embargo, con los índices de aprobación tan altos como de 70 por ciento y su principal barómetro económico, el peso, que se mantiene estable en su paridad con el dólar, López Obrador se siente reivindicado en su prisa por tirar las políticas pasadas y reformar las instituciones en línea con sus creencias, sin importar a quién moleste.
El político de 65 años asumió el cargo en diciembre después de una victoria aplastante que le otorgó un enorme mandato popular y el control de las dos cámaras del Congreso. Se movió rápidamente para centralizar la toma de decisiones en sus manos y consolidar un nivel de poder sin precedentes ahora que finalmente llegó a la Presidencia en su tercer intento.
En conjunto con su propia ética de la frugalidad, López Obrador presiona para cambiar la forma como muchos departamentos y agencias de gobierno gastan el dinero, con grandes recortes en los gastos operativos para permitir que más gastos sociales vayan directamente a las personas.
Pero las esperanzas de que demostraría ser un administrador pragmático de la economía —como lo fue durante su mandato como jefe de gobierno de Ciudad de México— se desvanecen rápidamente. López Obrador ya alarmó a los inversionistas al descartar un proyecto de aeropuerto de 13 mil millones de dólares parcialmente construido y seguir adelante con los planes de una refinería de 8 mil mdd que pocos en la industria petrolera creen que tenga sentido o que se puede construir a tiempo y dentro del presupuesto. Si bien sus objetivos de erradicar la corrupción y de que exista una distribución más equitativa de la riqueza son ampliamente elogiados, muchos temen que sus métodos signifiquen un regreso a las fallidas políticas nacionalistas de la década de 1970.
El estilo de confrontación de López Obrador ya lo puso en camino de colisión con los reguladores de energía, a quienes desestimó como “verdaderos picapleitos”, la Policía Federal, de la que dijo que “no estaba a la altura” y la “vergonzosa” Comisión Nacional de Derechos los Humanos.
Carlos Urzúa, un aliado desde hace mucho tiempo, renunció como secretario de Hacienda en julio después de una dramática discusión con el Presidente, alegando que las decisiones políticas no se “basan en evidencia”.
Se une a una creciente lista de víctimas: Germán Martínez renunció como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; Guillermo García Alcocer como jefe del regulador de energía CRE y Tonatiuh Guillén como jefe del Instituto Nacional de Migración, en medio de recortes presupuestarios, intromisiones interdepartamentales y diferencias de políticas.
El mensaje que muchos en México están captando es que no solo los críticos incómodos —aquellos que se consideran que no están de acuerdo con la cruzada radical del Presidente para eliminar la corrupción y todos los vestigios del “periodo neoliberal”— son enemigos o prescindibles. Sino que las instituciones a las que atienden también pueden ser sacrificadas, ya que el Presidente impone su agenda inflexible a la segunda economía más grande de América Latina.
“Él subordina todo a su narrativa, que es más moralizante que técnica”, dijo Jacqueline Peschard, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
El Presidente se niega a considerar sugerencias de que tal vez fue demasiado lejos en su purga de personal técnico y en la reducción de presupuestos y recortes salariales que ha implementado en un intento por liberar efectivo para el gasto social.
Su cruzada contra instituciones independientes, en un país donde la oposición está moribunda después de su paliza electoral y el Presidente enfrenta pocos otros controles y contrapesos, alarman incluso a los aliados del gobierno de alto nivel. Gerardo Esquivel, a quien López Obrador designó como miembro de la junta del Banco de México, defendió la existencia del Coneval.
Algunos observadores temen que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que ya tuvo que reducir el número de encuestas debido al recorte presupuestal, puede ser la próxima en la línea de fuego.