Fiscales en Suiza acusaron a cuatro banqueros de ayudar a ocultar decenas de millones de francos suizos en nombre de Vladímir Putin, en uno de los primeros casos judiciales en Occidente que afectan de manera directa los activos que supuestamente pertenecen al presidente ruso.
Los cuatro involucrados eran empleados de la filial suiza de Gazprombank, y entre ellos se encontraba su director ejecutivo, Roman Abdulin.
De acuerdo a la acusación —de la que un tribunal de Zúrich facilitó una copia a Financial Times— los banqueros fueron criminalmente negligentes al permitir que se abrieran cuentas en Suiza a nombre de Sergéi Roldugin, violonchelista y padrino de la hija de Putin, sin cuestionar el origen de los fondos que circulaban por ellas.
“Es muy conocido que el presidente ruso Putin tiene oficialmente unos ingresos de poco más de 100 mil francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene una enorme cantidad de activos que administran personas cercanas a él”, se dice en la acusación. “Roldugin…(era) un testaferro”.
Un portavoz de Gazprombank Suiza —que está en proceso de cerrar sus operaciones ante las sanciones internacionales contra Rusia— negó los cargos contra los empleados del banco, pero no quiso hacer más comentarios sobre los “procedimientos judiciales en curso”.
Los cuatro se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El periódico suizo Tages-Anzeiger fue el primero en informar del caso.
Los fiscales alegan que Gazprombank no actuó con la debida diligencia respecto a Roldugin.
De acuerdo con la acusación, los banqueros firmaron declaraciones de que el violonchelista no era una “persona políticamente expuesta” —una denominación formal que habría activado un escrutinio adicional— a pesar de la amplia información pública sobre sus conexiones con el Kremlin y Putin.
Las cuentas que abrieron en Suiza los banqueros indicaban que Roldugin tenía activos por valor de al menos 50 millones de dólares y planeaba canalizar más de 10 millones de dólares anuales al país a través de una compleja cascada de empresas fantasmas y cuentas. “En general, los activos declarados no era de ninguna manera posible que fueran activos propios de Roldugin”, afirman los fiscales.
El expediente oficial de debida diligencia del banco sobre Roldugin solo contenía una impresión de la página web del teatro Mariinsky de San Petersburgo —donde Roldugin era director de orquesta— y un único resultado de búsqueda negativo en Worldcheck, una base de datos sobre cumplimiento.
Los fiscales alegan que los cuatro empleados de Gazprombank estaban plenamente conscientes de la verdadera importancia y conexiones de Roldugin.
En la acusación también se dan detalles de cómo las empresas creadas a nombre de Roldugin fueron establecidas por funcionarios del Banco Rossiya, que intentó ocultar su participación utilizando direcciones de correo electrónico anónimas.
“El Banco Rossiya es el banco de los principales políticos de Rusia y su accionista mayoritario y presidente del consejo de administración (Yuri Kovalchuk) es considerado el tesorero de Vladímir Putin”, se señala en la acusación.
El caso se abrió a raíz de la filtración de los Panama Papers en 2016, un conjunto de más de 11 millones de documentos relacionados con 214 mil entidades offshore, algunas de las cuales se utilizaron para ocultar riqueza que se obtuvo de forma ilegal.
Un consorcio internacional de medios, entre ellos la revista alemana Der Spiegel y el diario británico The Guardian, señalaron los asuntos de Roldugin en particular basándose en el análisis de los documentos, subrayando su cercanía con Vladímir Putin, con el Banco Rossiya y su enorme riqueza inexplicable.
Finma, el regulador suizo de los mercados financieros, abrió una investigación contra Gazprombank a raíz de la filtración. En 2018, el regulador concluyó que el banco “incumplió de forma grave sus requisitos de debida diligencia contra el lavado de dinero en el periodo comprendido entre 2006 y 2016”, y le impuso sanciones estrictas.
También presentó una denuncia ante los fiscales cantonales de Zúrich, lo que desencadenó una investigación penal formal.
Los fiscales solicitan ahora penas de cárcel para los cuatro banqueros implicados. Se prevé que el juicio comience en Zúrich el próximo 8 de marzo.
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