La senadora estadunidense Elizabeth Warren instó al Departamento de Justicia a dar marcha atrás en una nueva política que tiene el objetivo de alentar a las empresas a denunciar las conductas indebidas en las empresas que compran, calificándola de “enorme paso atrás” en la ofensiva contra los acuerdos anticompetitivos.
En una carta que pudo ver Financial Times, la senadora demócrata por Massachusetts dice que la “nueva política representa una traición a la misión del departamento de ‘defender el estado de derecho’, y un enorme paso atrás en el planteamiento de la administración Biden para evitar fusiones que van contra la competencia”.
Y añade: “Esta política reducirá la competencia y fomentará delitos empresariales, y ustedes deben actuar rápido para revertirla”.
La carta llega un día después de que Lisa Monaco, fiscal general adjunta de Estados Unidos, anunció una política de aplicación de la ley que ofrecerá un “puerto seguro” a las compañías que revelen de manera voluntaria los delitos cometidos en las empresas que adquieren.
Monaco declaró a Financial Times que las medidas buscan “incentivar ese tipo de comportamiento corporativo responsable”. Añadió que el Departamento de Justicia no quiere desalentar a las empresas con programas de cumplimiento fuertes de las compras de empresas que pudieran “tener un historial de mala conducta”.
Sin embargo, Warren cuestionó este argumento y dijo que las medidas “van a incentivar a las corporaciones a participar en actividades ilegales de todo tipo, sabiendo que pueden tener un borrón y cuenta nueva durante una fusión”.
La senadora, una firme defensora de la postura más estricta de aplicación de las leyes antimonopolio adoptada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) y el Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden, también dijo que el plan “facilita la compra de empresas que han participado en actividades ilegales, lo que reduce la competencia y eliminar las sanciones por mala conducta”.
Sin embargo, en su discurso del miércoles, Monaco enfatizó que la política no afectará la aplicación de la ley sobre fusiones civiles y que cada unidad del Departamento de Justicia “va a adaptar su aplicación de esta política para que encaje con su régimen de aplicación específico”.
Añadió que incentivar la divulgación de información puede “resultar en un círculo virtuoso: al ofrecer un camino (de puerto seguro) a las empresas que intentan hacer lo correcto, podemos identificar y procesar a las personas que no lo hacen”.
Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que recibió la carta, pero se negó a hacer más comentarios según la “práctica habitual”.
Reiteró que la política no afectará la aplicación de la ley en las fusiones civiles y agregó: “Se trata de impulsar y promover el cumplimiento y que los infractores individuales tengan una rendición de cuentas”.
Bajo esta política, el Departamento de Justicia no presentará cargos contra un comprador que denuncie las irregularidades cometidas por una empresa adquirida en los seis meses siguientes al cierre de la operación, sin imrpotar que la actividad ilegal se haya detectado antes o después de la compra.
Las empresas que divulguen información de manera voluntaria deberán rectificar la conducta indebida en el plazo de un año desde el cierre de la operación, aunque los plazos exactos están sujetos a la discreción de los fiscales.
El cambio de política se produce cuando el número de grandes acuerdos que resuelven casos penales contra empresas que tienen implicaciones para la seguridad nacional se duplicó desde el año pasado, dijo Monaco. “Estamos operando en una nueva era de mayor complejidad, mayor riesgo geopolítico para las corporaciones, en particular para las multinacionales”, agregó.
Desde que asumió su cargo en 2021, Monaco se enfoca en impulsar la divulgación voluntaria de información por parte de las empresas, como parte de un conjunto más amplio de reformas de la aplicación de la ley que pretenden tomar medidas enérgicas contra la mala conducta corporativa.