A 13 días de que venza el plazo para operar bajo el esquema de outsourcing con las nuevas disposiciones fiscales para las empresas, este límite de tiempo ha generado incertidumbre, ya que con dicha ley se incrementarán las cargas laborales.
De acuerdo con opiniones de especialistas en la materia, las empresas han iniciado procesos de reestructuración de sus nóminas e incluso de salarios para cumplir con las actuales reglas que rige el régimen de servicios especializados.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, dijo que es un cambio complejo, pues en México hay alrededor de 10 mil empresas que están bajo el esquema de subcontratación.
Esta normativa traerá que a las empresas que quieran registrarse ante el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no les alcanzará el tiempo límite, que es hasta el 1 de agosto.
Y es que según la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing, aprobada en abril pasado, solo podrán prestar servicios de subcontratación aquellas empresas inscritas en ese patrón.
Para Karina Robledo, experta en materia fiscal de la firma Santamarina +Steta, los plazos de la ley de outsourcing terminarán constituyendo un golpe a las relaciones comerciales.
“Las grandes empresas, que contaban con personal vía outsourcing y que contrataban a proveedores para complementar sus actividades, por la complejidad de sus operaciones, simplemente no tendrán tiempo para resolver todas las negociaciones, registros e incluso conflictos de inequidad que surgirán entre los mismos consorcios. Por tal motivo, terminarán algunas relaciones comerciales que son similares a su objeto social y que se considerarán prohibidas en agosto”, advirtió la especialista.
Robledo añadió que priva la incertidumbre entre diversos sectores industriales y de servicios, debido a que la nueva ley los orilla a incrementar sus cargas laborales, bajo una política de choque con consecuencias penales y no de trabajo en conjunto para lograr sus buenas intenciones.
“Ojalá se aplicara mejor técnica legislativa para estimular a la industria, eliminar defectos e impulsar la competitividad y empleo de las empresas en México”, enfatizó.
La experta explicó que se avecina el plazo del 1 de agosto, a partir del cual los pagos por la contratación de servicios no especializados no tendrán efectos fiscales, pero para temas laborales, los plazos son aún más cortos y complejos.
“Muchas empresas están tratando de resolver cómo sí cumplen. Por ejemplo, si una empresa se dedica a la comercialización de electrodomésticos y ofrece las garantías y servicios de mantenimiento a sus clientes, que antaño daba un proveedor, ahora solo tiene tres alternativas: terminar la relación contractual con ese proveedor; realizar directamente dichas actividades o eliminar dicha actividad dentro de su objeto social. Todos esos casos, hoy son preguntas sin respuesta en las nuevas reglas del juego”.
Leñero coincide con la especialista de Santamarina + Steta, el también director de la firma de administración operativa empresarial Retribuye, comentó que con esta normativa difícilmente se terminará con la corrupción y malas prácticas que había hacia los trabajadores que no les pagaban su sueldo íntegro ni prestaciones.