Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados atendieron prácticamente 90 por ciento de los temas que preocupan al sector empresarial en la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2020.
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“Estamos en la mesa y nos han escuchado en muchas cosas, no en el 100 por ciento de lo que quisiéramos, pero si lo pusiéramos en porcentajes, y uso la voz de nuestros especialistas fiscales, se nos hizo caso en el 90 por ciento de las cosas que propusimos. Creemos que al final lo que nos conviene a todos es confiar en nuestro país, seguir avanzando en cada unos de los temas”, indicó.
En conferencia, el representante del CCE mencionó que en las reuniones que han sostenido con el gobierno federal se pudieron hacer modificaciones que resolvieran las inquietudes del sector en temas de limitación para la deducción de intereses, esquemas de inversión, responsabilidad solidaria de socios y administradores, cancelación de sellos digitales, cláusula general anti abuso, esquemas reportables, actividades no objeto para efectos del IVA y subcontratación.
Salazar insistió en que la cúpula empresarial continuará pendiente discusión de estas reformas en el Senado de la República, principalmente en temas como responsabilidad solidaria de directores generales, administrador único, síndicos y liquidadores.
Así como en la limitante a la aplicación del estímulo por adquisición de diésel para ser utilizado en maquinaria en general, excepto vehículos; la limitante aplicación estímulo a transportistas de pago de peaje en carreteras Federales.
Confusión en ley contra factureras
Carlos Salazar señaló que en lo que respecta a la nueva legislación de delitos fiscales, que castiga a las empresas que emitan facturas falsas y ha causado confusión, la misma está dirigida a personas que no son contribuyentes y que lograron modificar algunos puntos.
“La nueva ley que prende atacar el tema de las facturas falsas que aparecen en el estado de resultados de las empresas, una iniciativa que nosotros como sector empresarial aplaudimos, nos parece bien que se ataque el tema que estaba siendo cada vez más complejo en el país”.
Afirmó que el sector empresarial coincide con el objetivo final de la ley, que es sancionar a quienes se dedican a defraudar al fisco; sin embargo, ha buscado precisiones durante la discusión de esta ley.
“No es verdad que a una persona que se le encuentre una factura falsa, se le meta a la cárcel directamente. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, no tienen pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad”, explicó.
Agregó que se pudieron ajustar algunos puntos que originalmente no se tenían previstos en la iniciativa que contemplan que en el delito de compra de facturas se estableciera el monto de los 7 millones 804 mil 230 pesos y que las sanciones se modificaran para quedar entre 2 y 9 años de prisión.
“Esta ley, como nos explicó el secretario de Hacienda, está hecha para personas que no son contribuyentes, que no están dados de alta y que no existen para la autoridad. En caso de los contribuyentes que tengan facturas falsas en su estado de resultados, hubiera 30 millones de pesos de error en una factura”, indicó.
GGA